Aunque está demostrado, que el decreto no tiene una motivación académica, los pedagogos debemos asumir con rigor el debate sobre su contenido. Algunos lo consideran benéfico porque protege a los estudiantes de eventuales arbitrariedades de los docentes. El retorno a un eventual autoritarismo no debe ser la razón para derogarlo. Tampoco es un argumento propiamente académico, colocar a los críticos de la norma en el bando contrario de la democracia escolar y la libertad de cátedra; por cierto, bien vulneradas por la medida. No sobra anotar que entre los chicos también crece el malestar, como lo evidenció el Foro Educativo Distrital de Bogotá del 2005 y el evento que sobre el particular se realizó con la muchachada en el Distrito Capital el pasado 25 de octubre. Igualmente, comparto con aquellos que señalan que la derogatoria del 230 no soluciona automáticamente el nivel académico pero contribuiría significativamente, simplemente porque ni las causas de su expedición ni mucho menos las consecuencias de su aplicación tienen relación con una mejor calidad; en virtud de lo cual, las  entidades territoriales deben exigirla al Ministerio de Educación.