Algo más sobre la propuesta de Emergencia Educativa

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Por: Miguel Ángel Pardo Romero. Presidente de la ADE2
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Sobre el desarrollo de dos grandes ejes temáticos planteamos una Emergencia Educativa para la Ciudad:

1. La necesaria relación entre una avanzada política educativa y una política de niñez y juventud.

2. La dignificación de la Profesión docente y de la labor de los trabajadores del sector educativo.

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Este escrito t
iene el propósito específico de proponer un conjunto de medidas que contendría una Declaratoria de Emergencia Educativa, planteada por la ADE desde el año 2010, ante el deterioro de los ambientes escolares como consecuencia del incremento de la violencia en el país, de las regresivas reformas neoliberales en educación y la ausencia de verdaderas políticas públicas en cultura, deporte, niñez y juventud que han negado estos derechos como fundamentales y humanos.

Declarar una Emergencia Educativa debe ser una decisión política del Gobierno de la Capital, apoyada por el Concejo Distrital, que le permitiría dotar a la Ciudad de instrumentos eficaces para proteger y apoyar a la escuela, a los niños y niñas, a los jóvenes, a las maestras y maestros y demás integrantes de la comunidad educativa, frente a las grandes dificultades sociales que soporta como por ejemplo, la agresión de las bandas delincuenciales, el micro tráfico y la presión negativa de grupos al margen de la ley, entre otros. Es necesario proceder con decisiones de fondo administrativas, pedagógicas y presupuestales, que garanticen las condiciones indispensables, para seguir elevando el nivel académico, la promoción y la convivencia escolares; como también, para materializar como derechos la educación y el disfrute de la cultura, la recreación y el deporte, sustrayendo a los menores de edad de la órbita de la delincuencia y de la reproducción de los comportamientos violentos.

Esta propuesta es complementaria de varios artículos, tales como, Análisis y perspectivas de la política educativa pública en Colombia y Dificultades en la promoción y el aprendizaje escolar: la gota que derramó la copa”. También tiene como referencia, estudios que demuestran el incremento de la violencia sobre los colegios oficiales y no oficiales3 en el Distrito Capital y el aumento de las cifras en 2011 en las amenazas a los docentes, directivos y administrativos por denunciar el maltrato hacia los alumnos, o cuando ellos son víctimas o utilizados por grupos al margen de la ley4

La difícil condición del magisterio se corrobora con la alarmante desmejora en su salud, tal como se infiere de las preocupantes cifras que en Bogotá reportan un 57.2% de docentes y directivos docentes afectados en ella5; situación que consideramos consecuencia de las circunstancias arriba anotadas y de los efectos, por más de una década, de la sobre carga laboral, el hacinamiento en las aulas, la fijación de parámetros a las plantas de personal, las mal llamadas “integraciones escolares” y demás decretos reglamentarios de la Ley 715 del 2001. Sin mencionar que los docentes hacemos parte de los profesionales cuyos ingresos siguen estancados o decreciendo en términos reales, situación agravada con la inmovilidad de los ascensos en el escalafón nacional pese a la experiencia y a los niveles de estudio alcanzados; panorama completamente diferente al que propalan injustamente algunos grandes medios de comunicación y los tecnócratas neoliberales para que el ciudadano del común nos catalogue como “privilegiados”.

Pese a esas difíciles circunstancias, las maestras y los maestros evidenciamos y publicamos todos los días innovaciones pedagógicas e investigaciones educativas demostrando nuestro carácter académico. Mientras que los colegios públicos presentan progresos gracias a la labor de docentes y directivos, como los reconocidos por el ICFES que permite concluir que la sumatoria de los porcentajes ubica a los establecimientos educativos oficiales en categorías muy superior, superior y alto, pasando de 18.1% en 2008 a 57.1% en 2011 en las pruebas SABER 11. Aunque no consideramos estos exámenes como nuestro referente en materia de nivel académico y promoción escolar, nos gustaría conocer ahora los comentarios de los “columnistas” y del Gobierno que a diario generan “el estado de opinión” sobre la “inviabilidad” de educación y del magisterio estatal, como también, de los defensores de oficio de la privatización a través de los convenios y las concesiones escolares.

En términos más amplios afirmamos con mucho orgullo que los avances en la educación en los últimos 8 años fueron propuestos por el Magisterio Bogotano y que sin su concurso no se hubiese logrado la mayor parte de ellos. Se ha vuelto usual hablar del milagro y hacer usufructo de este pero a renglón seguido negar o desprestigiar al santo. Lo cierto es que conquistas históricas como la educación gratuita, el fortalecimiento del bienestar escolar, la modernización y dignificación de infraestructura escolar en Bogotá, sin entregarla en concesión y, el consiguiente ingreso al Distrito de más 12.000 docentes y directivos docentes, fueron alcanzadas porque desde el sector educativo y la ADE, la Asociación que agrupa a los directivos docentes, maestras y maestros de la Capital, propusimos una política educativa pública, luchamos con los trabajadores administrativos y la comunidad educativa para que se convirtiera en programa de gobierno, nos dispusimos a defenderla y desarrollarla, con no pocas incomprensiones y sacrificios, como los que se derivan del hacinamiento en las aulas o de la lentitud e incumplimientos de las construcciones escolares con aplazamientos sin fin que siguen causando grandes traumatismos en la vida escolar.

Aún así, hemos considerado que es posible profundizar en una política educativa avanzada, esa es la esencia y propósito del Pliego de Peticiones del Magisterio Bogotano que presentamos el 30 de octubre de 2009 a la Administración Distrital, de la propuesta de Emergencia Educativa que animamos un año después y de las Exigencias Urgentes de la ADE ante la Administración Distrital, radicadas el 12 de abril de 2011. La Alcaldía Mayor no lo entendió o no lo consideró importante pese a la difícil situación de los colegios, a nuestra valiosa argumentación, a las declaraciones públicas en la prensa y a las demandas expresadas en las grandes movilizaciones que se realizaron durante los dos últimos años por el Derecho a la Vida, la Educación, la Salud y Trabajo Digno; manifestaciones que también fueron motivadas en 2011 por nuestra férrea oposición al regresivo Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y a las convocatorias de FECODE en defensa del Pliego de Peticiones del Magisterio de Colombia, de nuestra seguridad social y, junto con los estudiantes, contra la privatización de la educación.

Los últimos Secretarios de Educación, calificaron como de inaceptable “coadministración” el simple hecho de intercambiar puntos de vista con la ADE sobre las prioridades que debía contener el presupuesto en educación que la SED le presentara a la Alcaldía y, está a su vez, al Concejo de Bogotá y a la Ciudad. Nuestras propuestas en esta materia buscaban financiar presupuestalmente estas medidas de manera paulatina entre 2010 (ver carta) y 2012 (Ver carta), las cuales hicimos conocer a todos los concejales, concitando el apoyo de las bancadas más afines a la educación y al progreso pero sin probabilidad alguna de ser aprobadas, menos sin respaldo del poder ejecutivo. Es evidente que en la práctica, la ADE se quedó sin interlocutor en materia de política educativa.

Reconocemos los logros alcanzados en educación por las últimas dos Administraciones. Pero a la vez, hemos señalado que en el declive de este periodo, especialmente durante el traumático lapso de discusión del Pliego de Peticiones, la decisión del Gobierno Distrital, primero de no avanzar y luego de iniciar un franco retroceso en la política educativa y en las condiciones laborales, fue la principal causa de la fuerte tensión con el Magisterio Bogotano; agravada por el descarado incumplimiento de los pocos acuerdos alcanzados, la agresión de la fuerza pública ordenada por directivos de alto rango de la Secretaria de Educación, la pérdida y desviación de cuantiosos recursos destinados para formación docente6 y hasta el uso de la calumnia contra el papel de la ADE y la desgraciada práctica de desvirtuar el compromiso del magisterio bogotano para ocultar la deficiente gestión de algunos funcionarios o asesores de turno. A la hora del balance, es cierto que “negociadores” de la Administración lograron su cometido de sabotear la posibilidad de acuerdos y los avances que estos implicaban pero indudablemente contribuyeron a la pérdida del Gobierno.

Así como Bogotá dio el histórico paso para establecer la gratuidad y compelió al Gobierno Nacional a instaurarla en todo el país a partir de este año, le corresponde nuevamente a la Ciudad, tomar la iniciativa en temas vitales como la universalización de la escolaridad de 14 grados para los niños mayores de 3 años, lo que implica el preescolar de tres grados, la educación media especializada y el derecho que nuestros niños disfruten plenamente de la enseñanza de la educación física y artística, la segunda lengua, la tecnología y la informática, proporcionando la logística y asignando a los maestros especializados en educación especial, preescolar y primaria, a cuyos alumnos absurdamente se les niega este derecho en los ocho años más importantes del desarrollo humano. Y ello ocurre en pleno Siglo XXI.

En este sentido, ésta y otras medidas que constituiría una declaratoria de una Emergencia Educativa, van más allá de la expedición de una norma, significan una decisión política a favor de los niños y los jóvenes. Una Ciudad como Bogotá, nada menos el Distrito Capital, tiene las posibilidades financieras para brindar una educación que recupere el tiempo perdido debido al mezquino ajuste fiscal, desarrolle temas pendientes como los enunciados y ponga a nuestras generaciones en el siglo XXI en todos los campos.

Una declaratoria de emergencia educativa, en el marco de una avanzada política educativa, significaría que el Estado y/o el Gobierno asuman su responsabilidad en los factores asociados que afectan el nivel académico, la promoción y la convivencia escolar. A la vez, la Ciudad debe comprender que la dignificación de la profesión docente y de la labor de los trabajadores del sector educativo, hace parte de la política educativa pública porque aborda temas vitales como la actualización permanente y el trabajo digno.

En este orden de ideas, una Emergencia Educativa debe incluir un conjunto de medidas y acciones inaplazables, agrupadas en dos grandes ejes:
 
1. La necesaria relación entre una avanzada política educativa y una política de niñez y juventud.
2. La dignificación de la Profesión docente y de la labor de los trabajadores del sector educativo.
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  1. La necesaria relación entre una avanzada política educativa y una política de niñez y juventud.
 
  • La profundización en una política educativa avanzada requiere:
  • Aumento de la planta docente, directivos docentes, orientadores y trabajadores administrativos: especialmente maestros y maestras en educación física y artística, segunda lengua, tecnología e informática para los niveles de primaria, preescolar y especial, como también, los que requiere la educación media especializada.
  • La universalización de la educación formal desde los tres grados de educación preescolar hasta el nivel de media especializada; como también, el fortalecimiento de la educación especial y superior.
  • Creación de equipos interdisciplinarios para incidir en las causas que afectan el aprendizaje escolar.
  • Reversar las mal llamadas “integraciones” escolares porque la impuesta fusión de escuelas y colegios, de sus plantas de personal y edificios escolares bajo el nombre de Instituciones Educativos Distritales – IED-, ha conllevado la sobrepoblación escolar, dificultando la adecuada atención de los estudiantes y creando un caldo de cultivo propicio para el aumento de problemas de convivencia. Además de los efectos negativos en la salud y el bienestar del magisterio y de la comunidad educativa.
  • Un menor número de alumnos por aula.
  • Una nueva organización de los tiempos escolares.
  • Respeto y garantías para el ejercicio de la democracia, la autonomía y los gobiernos escolares.
  • Construcción de nuevos colegios, modernización de los actuales y terminación de las obras de infraestructura pendientes.
  • Modernización, actualización y adecuación de las bibliotecas escolares y nombramiento de bibliotecarios por jornada escolar en la planta de los trabajadores administrativos.
  • La supresión de los injustificados convenios escolares y el retorno de los colegios en concesión a la Administración Distrital, cuyos contratos se vencen en los próximos años.
  • La relación entre la política educativa y  la política de niñez y juventud, implica:
 
Aspectos centrales
 
  • La materialización de la propuesta de centros o casas para la juventud en localidades y/o barrios para generalizar el acceso al conocimiento científico, a la tecnología y al disfrute del deporte, la recreación, el arte y la cultura. Lo que obliga a la coordinación entre las secretarias del gabinete distrital, las entidades e institutos respectivos a nivel central y local.
  • La articulación de la política de infancia entre la Secretaria de Integración Social y la Secretaria de Educación Distrital.
  • Fortalecimiento del Plan DICE (Plan Distrital de Inclusión en la Cultura Escrita).
 
Aspectos urgentes
 
  • Crear o fortalecer las redes de apoyo social en las cuales se deben aumentar por localidades y fortalecer, entre otros:
  • La Casa de la Mujer y la Familia para la protección de mujeres y niños maltratados o a quienes se les vulneran los derechos.
  • Convenios con la red distrital hospitalaria para vincular exclusiva y permanentemente a equipos de sicólogos y trabajadores sociales en la red hospitalaria en número adecuado para atender los problemas familiares que inciden en el desarrollo de los niños y jóvenes.
  • Coordinación de todas las entidades mediante la creación de comités a todo nivel que incluya representantes de las instituciones y organizaciones que atienden, diseñan y/o desarrollan las políticas públicas en educación, cultura, deporte, niñez y juventud.
  • Simplificación de los trámites que impliquen denuncia o protección de la integridad física, psicológica o moral de los integrantes de la comunidad educativa.
  • En el caso de las Secretarias de Educación, la creación del Comité de Convivencia y de resolución de conflictos con representantes del magisterio y de la comunidad educativa.
  • El funcionamiento del Comité Especial de Amenazados.
  • Impulso a propuestas y proyectos de ley que conlleven al control, auto regulación y sanciones frente al mal uso y/o abuso de los medios de comunicación, especialmente, la televisión y el internet en cuanto a sus negativos efectos en la formación de los niños y jóvenes.
 
  1. Dignificación de la Profesión docente y de la labor de los trabajadores del sector educativo.
  • Defender la estabilidad laboral y el trabajo digno.
  • Respeto a la jornada laboral. Igualmente, a la autonomía y a los gobiernos escolares para definir los proyectos que sean pertinentes acorde con la intencionalidad pedagógica de su PEI, que no desborden la capacidad institucional, no se traduzcan en mayor asignaciónacadémica o en más funciones para su planta de personal ni en la extensión de su jomada laboral.
  • Formalización del empleo del magisterio y de los trabajadores del sector educativo, eliminando especialmente la vinculación por órdenes de prestación de servicios (OPS), la tercerización, la intermediación laboral, y la injustificada contratación.
  • Disminución del número de estudiantes por aula y aumento del número de docentes, directivos docentes, orientadores y trabajadores administrativos por jornada y sede de cada colegio.
  • Reversar las mal llamadas “integraciones” escolares por las razones arriba expuestas.
  • El significativo aumento del presupuesto destinado a formación de los trabajadores administrativos y docentes, a la innovación pedagógica y la investigación educativa.
  • Reconocimiento al trabajo pedagógico de los docentes, que grupal o individualmente se actualizan, innovan, investigan y demuestran producción académica: Pasantías, intercambios, publicaciones, becas, participación en eventos nacionales e internacionales, descarga parcial de la asignación académica, otorgamiento de un año para la investigación, prioridad en los traslados a quienes realicen estudios, conformación y apoyo a las redes locales, distritales.
  • Fortalecimiento de los programas de bienestar y especial atención a la salud del magisterio y de los trabajadores administrativos, afectados por la sobre carga laboral y el deterioro de los ambientes escolares.
  • Materialización de los planes de vivienda y de la sede social para el Magisterio y de los trabajadores del sector educativo.
  • El respeto al derecho de asociación y el reconocimiento a la ADE como interlocutor válido por parte de la Administración Distrital.
 
1. Escrito actualizado el 12 de enero de 2012

2. Magister en Historia, licenciado en Ciencias Sociales, ex – representante de los docentes de Bogotá ante la Junta Distrital de Educación (JUDI). Actualmente, Presidente de la ADE y su representante ante el Comité Distrital de Capacitación Docente (CDCD). Correo electrónico y facebook: miguep2011@gmail.com

3. Uno de los más estudios más importantes realizados, demuestra la gravedad del problema y establece que el tema no está circunscrito a los colegios oficiales,tal como se pretende equivocadamente afirmar; en ocasiones también se quiere dar a entender que tales padecimientos no ocurren en los colegios de convenio, concesión o privados. La investigación se realizó entre el 5° y el 11° con base en una encuesta a 826.455 estudiantes en los planteles escolares oficiales y no oficiales de Bogotá y municipios aledaños entre ellos, Cota, Chía, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté, a los cuales asisten una proporción significativa de escolares residentes en la ciudad de Bogotá. Convivencia y seguridad en ámbitos escolares. Bogotá D.C. 2006. Comité Interinstitucional, integrado por: Secretaria de Gobierno, Secretaria de Educación, DANE y Oficina de Jóvenes sin Indiferencia.

4. En 2011 el número sobrepasó los 171 docentes, directivos docentes y administrativos amenazados frente a 120 casos en 2010, según cifras proporcionadas por el Comité Especial de Amenazados de la Secretaria de Educación. La prensa ha brindado un importante despliegue al tema, especialmente en el último trimestre del año, la ADE ha reconocido que la Secretaria de Educación ha obrado con diligencia en los traslados pero ha insistido en que la problemática debe ser tratada con una política integral de la cual carece actualmente Bogotá y de allí nuestra insistencia en la Emergencia Educativa: 600 profesores fueron amenazados este año: Ministerio de Educación.”, El Tiempo,Viernes 12/30/2011 y “Por amenazas, 171 maestros pidieron traslado de colegio”, El Tiempo, lunes, 11/28/2011.

5. La cifra se discrimina de la siguiente forma: 27.3% padecen enfermedades profesionales y 29.9% enfermedades consideradas no profesionales. La estadística fue proporcionado por Médicos Asociados, entidad que atiende a más del 70% del Magisterio en Bogotá.

6. Es necesario precisar que el contrato entre la SED y Alma Mater, fue suscrito bajo la Administración de Carlos José Herrera y liquidado, en buen hora por su sucesor, el Doctor Ricardo Sánchez Ángel, actuación que reconocimos en su momento y fue acompañada por la Junta Directiva de la ADE y sus delegados ante el Comité Distrital de Capacitación Docente. Le corresponde al actual Secretario de Educación, desarrollar la difícil tarea de recuperar de dichos recursos y exigirle al MEN que coadyuve en tal fin como bien lo adelantó su antecesor.     
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