Carta a los congresistas norteamericanos

Bogotá, 19 de noviembre de 2007
CONGRESO NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Washington
Respetados Senadores y Representantes: 

En el marco de las discusiones que ha generado el proceso de ratificación por los respectivos Congresos del Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos colombiano y estadounidense, la administración de Álvaro Uribe Vélez ha difundido entre los círculos gubernamentales de los Estados Unidos la idea de que el movimiento sindical colombiano está dividido y que un sector "mayoritario" apoya el TLC. En este documento les demostraremos que esa idea no corresponde a la realidad del movimiento sindical colombiano.

1. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la Confederación General del Trabajo, CGT, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Confederación de Pensionados de Colombia, CPC, representan a los sindicatos de todo el país, provenientes de los sectores públicos y privado y de todas las ramas de la economía nacional. Estas tres centrales sindicales y la CPC, representan la amplia mayoría de los trabajadores organizados en nuestro país y actúan en todo momento en forma unificada frente a cada uno de los problemas y los temas centrales de nuestra vida nacional.

Las Centrales tienen incluso espacios de coordinación y acción conjunta como el Comando Nacional Unitario y la Gran Coalición Democrática desde donde se trazan las orientaciones principales para la militancia sindical en todo el país.

2. La posición oficial de las Centrales Sindicales colombianas y la CPC frente al Tratado de Libre Comercio es de total oposición, como se ha difundido en innumerables documentos desde el mismo momento en que se iniciaron las negociaciones en mayo de 2004 en la ciudad de Cartagena. 

Los argumentos que tenemos los trabajadores para rechazar este acuerdo comercial son muchos y sólidos; pero el principal de ellos, es que la enorme asimetría existente entre las economías de Colombia y Estados Unidos no permite un intercambio comercial equilibrado, previéndose que con la desaparición de los aranceles y la eliminación de requisitos para las inversiones nuestro mercado sea fácilmente inundado de productos y servicios norteamericanos.

Lo anterior, traerá como consecuencia el cierre de empresas nacionales, la liquidación definitiva de nuestra producción agropecuaria que no podrá competir con los productos agrícolas norteamericanos altamente subsidiados, el aumento de la tasa de desempleo, el incremento de la pobreza tanto en las ciudades como en el campo, y el peligro de que con el aumento de la pobreza los campesinos se dediquen a los cultivos ilícitos como única forma de subsistir.

3.El Gobierno Nacional y los empresarios siguen impulsando mecanismo de intermediación laboral como las Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA y otras formas deslaboralizadas de contratación, incluso de naturaleza civil, que desconoce o restringe los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, violando los convenios internacionales de la OIT y el Acuerdo Tripartito firmado con las centrales sindicales de Colombia.

4. En Colombia a los trabajadores se les violan sus derechos laborales y sindicales, por varias razones:

4.1 El Gobierno nacional y los empleadores vienen aplicando de manera sistemática una política antisindical expresada a través de la profundización de la flexibilización laboral, las privatizaciones de las empresas del Estado, el despido masivo de trabajadores sin justa causa y con el aval del Ministerio de la Protección Social; el desconocimiento a los derechos de asociación y de negociación colectiva. Durante el año 2006, solo se beneficiaron un poco más de 60 mil trabajadores, de la negociación colectiva, de una población económicamente activa de 20 millones.

El objetivo de esta política es continuar debilitando al movimiento sindical, violando la Constitución Nacional, los convenios internacionales de la OTI, ratificados por el país y el Acuerdo Tripartito firmado durante la Conferencia de la OIT, del año 2006.

4.2 Hay una clara persecución contra el movimiento sindical, que se manifiesta en los asesinatos de dirigentes y activistas. Este año han sido asesinados un total de 31 sindicalistas y en los últimos veinte años la cifra llega a 2.535 asesinados. Aunque el promedio de asesinatos por año ha tenido un leve descenso en relación con las épocas más duras de los años 90, han aumentado ostensiblemente las formas de intimidación como amenazas de muerte a los sindicalistas y a sus familiares, lo que hace que las circunstancias de inseguridad para ejercer la actividad sindical se mantengan en los altos límites de riesgo de los últimos quince años.

4.3 Pese a los acuerdos del gobierno con los grupos paramilitares en el marco de la llamada "Ley de justicia y paz", tales grupos continúan activos, en algunos casos bajo otras denominaciones como la de "Águilas negras", y en muchos casos los propios reinsertados han retornado a las actividades delincuenciales, bajo la dirección de sus mismos jefes que, pese a estar en la cárcel, siguen dando las órdenes para la ejecución de delitos.

Una muestra clara de la supervivencia de los grupos paramilitares y de su influencia en la actividad política de este país, lo que se conoce con el nombre de parapolítica, es el análisis que el diario "El Tiempo", el más influyente de Colombia, hace al día siguiente de realizadas las elecciones regionales en las que los colombianos elegimos a los mandatarios de los departamentos (gobernadores) y de los municipios (alcaldes) y los cuerpos colegiados de esos mismos niveles administrativos (asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales).

Dice "El Tiempo" en un artículo del día 29 de octubre titulado "Los partidos hicieron cuentas alegres": "(…) como contraste, los partidos afectados por el escándalo de la parapolítica aumentaron sus zonas de influencia. Solo Colombia Viva obtuvo un resultado negativo (…) Convergencia Ciudadana, por ejemplo, perdió en Santander, su cuna, pero ganó la gobernación del Amazonas, un importante corredor fronterizo, y casi gana la Alcaldía de Leticia. Pero el resultado más sorprendente de este partido es que pasó de 21 alcaldías que había ganado en 2003, a 72 en el 2007. De hecho, ellos habían pronosticado que ganarían sólo 55. En cuanto a las Asambleas, Convergencia Ciudadana, que es el partido del polémico Ex senador Luis Alberto Gil, pasó de 7 diputados a 25.

En el caso de Colombia democrática, de Mario Uribe y Álvaro García, pasó de 35 a 34 alcaldías y de 19 a 14 diputados, es decir que se mantuvo. Alas-Equipo Colombia, partido que ayudó a crear Álvaro Araujo con Luis Alfredo Ramos, pasó de de 83 alcaldías a 68 y de 21 diputados a 68, por lo que se podría decir que se mantuvo (…)

En cuanto al también polémico Apertura Liberal, aumentó su participación en el poder local de una manera sorpresiva e interesante: de 24 a 37 alcaldías y de 10 a 15 diputados". Es de anotar que los ex congresistas mencionados en este artículo de "El Tiempo" (Luis Alberto Gil, Álvaro García, Mario Uribe, Álvaro Araujo, están todos procesados por el tema de la parapolítica y algunos de ellos están encarcelados.

4.4 La impunidad en torno a los asesinatos de sindicalistas se ha mantenido en los mismos altos niveles de siempre, es decir, más allá del 99%, de los casos no han tenido sentencias condenatorias de sus autores. Sólo a partir de las exigencias de resultados en este aspecto que han sido formuladas por destacados congresistas norteamericanos al gobierno colombiano, como requisito para considerar la posibilidad de ratificar el TLC, la administración Uribe hizo leves movimientos y designó unos fiscales especiales.

4.5 El programa de protección a los dirigentes sindicales que el gobierno desarrolla desde hace varios años sigue teniendo problemas.

4.6 La oficina de la OIT, que fue restablecida en Colombia para que le hiciera seguimiento a las denuncias del movimiento sindical sobre violación permanente de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores colombianos no cuenta con el apoyo necesario en materia económica, ni en designación del suficiente número de funcionarios que atiendan el enorme número de denuncias de los trabajadores.

5. La legislación colombiana es incompleta en lo relativo al cumplimiento de los convenios de la OIT, tal como lo reseñamos de nuevo en el último informe enviado a la reunión de la Comisión de Administración que se realizará el 15 y 16 de noviembre de 2007.

Pero, además, el gobierno colombiano ha continuado expidiendo normas que violan ostensiblemente principios establecidos en los Convenios Internacionales que el país ha suscrito, como sucede en el caso de una reciente resolución del Ministerio de Protección Social (que se encarga delo asuntos del desaparecido Ministerio de Trabajo), la No. 1651 de mayo 24 de 2007, que impone una serie de requisitos a las organizaciones sindicales, adicionales a los ya existentes, para lograr el llamado registro sindical, que constituyen una restricción a la libertad de asociación consagrada en el Convenio No. 87 de la OIT, ratificado por Colombia.

6. Dentro de su estrategia encaminada a lograr la ratificación del TLC, en los últimos meses el gobierno colombiano ha financiado el viaje de pequeñas delegaciones de ciudadanos colombianos a Washington para que hagan lobby ante los congresistas norteamericanos, presentándolos como si representaran el sentir del pueblo colombiano. Dentro de esas delegaciones se ha presentado a un grupo de sindicalistas y "asesores sindicales" que exponen posiciones favorables al TLC Colombia-EE.UU. Frente a este hecho debemos decir que esas delegaciones no representan al movimiento sindical colombiano, sino a un ínfima parte de este; las organizaciones allí representadas no constituyen ni siquiera el 0,1% de los sindicatos y los trabajadores que afilian no pasan de una docena y son sólo cerca de 15.000 afiliados.
 
Por tanto, pueden hablar por ellos mismos y no por el conjunto del sindicalismo colombiano, que, como lo hemos expresado en esta comunicación, ratificamos nuestra postura de rechazo al TLC y pedimos al Congreso norteamericano que no sea ratificado, por los puntos que hemos expuesto aquí en forma muy sucinta.

De los Honorables Congresistas y Senadores, con todo respeto.

Carlos A. Rodríguez Díaz, Presidente de la CUT; Julio Roberto Gómez E.,Secretario General de la CGT; Apecides Alvis Fernández, Presidente de la CTC y Jesús Ernesto Mendoza, Presidente de la CPC.