El Magisterio frente a la perversa obsesión por la evaluación

EL MAGISTERIO COLOMBIANO FRENTE A LA PERVERSA OBSESION POR LA EVALUACION DEL GOBIERNO NEOLIBERAL[1]

Néstor Raúl Ramírez Moreno[2]

Aclaración preliminar

Entendiendo que la acción educativa dentro de la escuela, involucra directa y principalmente a estudiantes, docentes y directivos, en una permanente interrelación, el análisis de la evaluación, como componente del proceso educativo, debe igualmente abarcar a los diferentes actores, principalmente en sus interrelaciones, para una mayor comprensión del fenómeno en la perspectiva de su permanente mejoramiento o transformación. Lo anterior significa que este Seminario no debería estar centrado únicamente en el análisis del Decreto 0230 de 2002. Si el asunto principal es la evaluación, entonces se tiene que considerar además de la evaluación a los estudiantes, la evaluación de desempeño a los docentes y la evaluación a la gestión administrativa que se realiza en las instituciones educativas.
 
Políticas nacionales versus políticas distritales

Existe una gran diferencia entre las políticas nacionales y las políticas distritales en materia de educación. Con María Cecilia Vélez, prima del presidente Alvaro Uribe, en el Ministerio de Educación, y por iniciativa del gobierno nacional se impuso una  reforma constitucional, acto legislativo 04 de 2007, mediante el cual se aprobó un  recorte al presupuesto de la educación en aproximadamente 56,4 billones de pesos para el periodo 2008-2019.

Por el contrario, en Bogotá se han venido desarrollando unas políticas en materia de educación que tienen como propósito garantizar a plenitud el derecho a la educación para los niños y jóvenes bogotanos: construcción de un número significativo de megacolegios, reforzamiento de otro tanto, que en realidad ha sido volverlos a hacer de nuevo, comedores escolares, gratuidad en la educación para preescolar y primaria, por mencionar solo algunos de los ejemplos. Por primera vez en la historia de esta ciudad la inversión social ha sido el renglón más importante del presupuesto. ¡Cómo debe ser!

No es lo mismo el concepto de calidad de la educación que se maneja allá en la cúpula neoliberal que el que se maneja aquí en Bogotá desde hace cuatro años. No es el mismo propósito el que se busca con la evaluación (sea la de desempeño a los docentes, el Modelo Estándar de Control Interno MECI para las instituciones educativas  o el Decreto 0230 para los estudiantes). Desde el gobierno nacional el propósito principal es racionalizar el gasto público,  recortar el presupuesto destinado a la educación, como parte del objetivo neoliberal de  disminuir el déficit fiscal aplicando rigurosamente lo que de manera eufemística se denomina “disciplina fiscal”, en conformidad con lo ordenado por las agencias financieras multinacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) y que no es otra cosa que recorte a la inversión social.

Para este gobierno la evaluación es una perversa obsesión que coloca en un segundo plano lo más importante, el proceso educativo, el cual solo se mira para efectuarle reformas que signifiquen recorte al presupuesto: el decreto 1850 de 2002  aumentó el número de horas de la asignación académica de los docentes y aumentó el número de minutos por hora académica de 45 a 60 (disminuyendo de esta manera el número de docentes), el decreto 3020 de 2002 estableció los parámetros aumentando el número de estudiantes por grupo y disminuyendo el número de profesores, coordinadores y orientadores por institución educativa.

La evaluación no es un fin en sí misma, es un medio que forma parte del proceso. Lo importante es el proceso. Y dentro de él, la evaluación tiene como sus funciones más importantes la de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, retroalimentar los procesos, identificar las necesidades, además, en el caso de los estudiantes, identificar a aquellos que luego de un proceso pedagógico logran alcanzar unos mínimos requisitos exigidos para ser promovidos al siguiente nivel y a aquellos no lo logran.

Sobre la Evaluación a los docentes

El Decreto 1278 de 2004 o Estatuto de la “desprofesionalización” docente,  ordena la evaluación de desempeño cada año para los maestros nuevos. Tuvo su origen en la Ley 715 de 2001, reglamentaria del Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó la Constitución Política disminuyendo el presupuesto asignado para la educación, la salud y el saneamiento básico. Se estima que por causa de esta nefasta reforma se dejaron de percibir 7,59 billones de pesos en el período 2002-2006.

Los docentes no nos oponemos a que se nos evalúe. Es necesaria la evaluación  por las razones ya mencionadas atrás. Nos oponemos a la evaluación-sancionatoria, como está planteada en el Estatuto de la “desprofesionalización” docente porque arrasa con la estabilidad laboral. Asunto que tiene profundas implicaciones en todo el sistema educativo y no solo en el desmejoramiento de la calidad de vida de los docentes cobijados por este estatuto, lo cual ya de hecho es muy grave (sin estabilidad laboral, baja remuneración, un régimen de Escalafón que hace imposible el ascenso y desestimula la necesaria y permanente formación y actualización académica -Especializaciones, Maestrías y Doctorados-). 

La falta de estabilidad laboral de los docentes deja sin garantías el ejercicio de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de cátedra y, lo que es más grave, vulnera la dignidad de los docentes. Un docente que depende para su permanencia en el sistema educativo público de la evaluación que le realiza el rector, cada año,  difícilmente podrá expresar alguna opinión crítica ante la evidencia de alguna irregularidad o injusticia. Difícilmente podrá ejercer su derecho a la libertad de cátedra al verse obligado a “obedecer sumisamente” ante lo que se le ordene, tenga o no sentido la orden.

Otra importante razón que explica el interés del gobierno nacional por la evaluación-sanción,  tiene que ver con el propósito gubernamental de “quebrarle el espinazo a FECODE”, atendiendo a  la expresa recomendación de la Misión Alesina  -financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo- para poder llevar a cabo plenamente las reformas de ajuste estructural necesarias al modelo neoliberal. Por la inestabilidad laboral y  la vulnerabilidad en que queda el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, queda también en entredicho la libertad de asociarse en un sindicato para exigir el respeto a sus  derechos.

La propuesta frente al nefasto Estatuto de la “desprofesionalización” docente es la movilización y la lucha del conjunto del magisterio colombiano, a través de sus organizaciones sindicales, por la DEROGATORIA DEL DECRETO 1278 DE 2004 y por la defensa de un único estatuto para todos lo docentes colombianos, el Decreto 2277 de 1979.

Sobre la evaluación a la gestión administrativa

La evaluación a la gestión administrativa en las instituciones educativas tiene que ver necesariamente con el Gobierno Escolar, o lo que es lo mismo, con la democracia.  El gobierno escolar debe ser democrático.  Así es como está establecido en la Ley General de Educación y en el Decreto 1860 de 1994 que la reglamenta. La forma de gobierno en el Gobierno Escolar es la democracia, en la cual el ejercicio del poder, la toma de las decisiones fundamentales para la comunidad, es la expresión de la voluntad de la mayoría. Las decisiones fundamentales que afectan el presente y el futuro de una institución educativa no pueden ser tomadas unilateralmente y de manera autocrática por un directivo docente así este sea muy lúcido, inteligente o versado en el asunto. Estas tienen que ser tomadas por el Gobierno Escolar a través de los mecanismos e instrumentos democráticos definidos por la Ley.
 
De acuerdo con la Ley, el Gobierno Escolar  está constituido por los siguientes órganos:

1.   El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento.

2.   El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.

3.   El rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar[3].

Los Comités de Gestión no hacen parte del Gobierno Escolar y no tienen competencia para tomar decisiones por encima de este. Como tampoco lo son las reuniones en donde los rectores imparten sus “ordenes” y los coordinadores terminan desempeñando la función de correas de transmisión y ejecutores de lo ordenado y no las funciones que para ellos tiene definidas la Ley[4].

Esto desmejora notoriamente la calidad de la educación en la medida en que se impide la participación del estamento docente, hoy en día altamente cualificado, para que con sus luces, análisis, puntos de vista y propuestas contribuya en la construcción colectiva del presente y el destino de su institución, para beneficio de su población escolar, de su comunidad educativa y del país en general. 

Frente a la propuesta gubernamental de formación en competencias básicas o, lo que es lo mismo, educación para la maquila[5], cumpliendo con lo ordenado por el Banco Mundial, los Consejos Académicos deben propugnar por Planes de Estudio que permitan a los niños y jóvenes  acceder a lo más avanzado de la ciencia y el conocimiento universal y alcanzar las más altas competencias, no solo las competencias básicas o mínimas, sino mucho más.

Al respecto la actual administración distrital está “consolidando una propuesta de organización de la enseñanza por ciclos que supere la organización por niveles, con el propósito de asegurar a los niños, niñas y jóvenes el acceso y permanencia en el sistema educativo, recibir una educación de calidad, desarrollando de manera integral los aspectos cognitivos, afectivos, de relaciones interpersonales, psicológicos y sociales propios de cada edad…”[6]. La propuesta de mejoramiento de la calidad de de la educación contemplada en el Plan Sectorial de Educación de la actual administración distrital descansa principalmente sobre los hombros de los maestros y maestras consecuentes y conscientes de la necesidad de desarrollar una  política alternativa, en materia de educación, al modelo neoliberal que impulsa el gobierno nacional.

Alguien podría argumentar muy subjetivamente que los profesores no están interesados en  generar iniciativas, que la tendencia generalizada es la del mínimo esfuerzo. La validez o refutación a esta argumentación sólo es posible en el marco de ambientes que propicien, que fomenten el trabajo pedagógico y no en ambientes represivos y de hostigamiento hacia los docentes. Ambientes en donde los criterios determinantes sean por encima de todo pedagógicos y no administrativistas, eficientistas y racionalistas. Ambientes en donde la administración y sus recursos este completamente al servicio de la pedagogía y del mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en las instituciones. Esos ambientes no pueden ser sino el resultado de la democracia real ejercida por las comunidades educativas a  través de sus Gobiernos Escolares.

Si los Consejos Directivos, Académicos y los Rectores cumplen con las funciones definidas por la Ley General de Educación dirigidas a alcanzar los fines de la educación, en el marco de la democracia, una gran  reforma educativa se pondría en marcha, respaldada y defendida por las organizaciones de base también establecidas por la Ley, por iniciativa de los maestros colombianos, como una estrategia política en defensa de la educación pública y del derecho de los niños y jóvenes a una educación de calidad: se trata de los consejos estudiantiles,  los consejos de  padres de familia y los consejos de maestros.

Sobre el Decreto 0230 de 2002


Lo primero que hay que hay que tener en cuenta en el análisis del nefasto Decreto 0230 es que este no tiene que ver con la calidad de la educación sino con el propósito gubernamental de evitar la deserción escolar porque la repitencia cuesta, disfrazando este mezquino y malsano propósito con un ropaje seudopedagógico. El profesor Miguel de Zubiría Samper señala al respecto que “pasar de una educación supuestamente represiva donde muy pocos sobresalían y demasiados perdían, hasta el extremo contrario de que por un Decreto la inmensa mayoría apruebe sin esfuerzo, sin estudio. Algo definitivamente aberrante desde la psicología de la motivación” [7]. Y es que, según el profesor De Zubiría, a cambio de corregir las supuestas fallas psicológicas y pedagógicas que causa en los estudiantes la repitencia, el decreto 0230 promueve a los estudiantes que pierden el año, “obviando su pobre rendimiento escolar, mientras anula de un plumazo la autoridad de los profesores…”[8]

Está demostrado que una vida fácil, sin esfuerzo, conduce al aburrimiento, a la apatía, a la depresión y “hasta deteriorar sus funciones mentales superiores” [9], mientras que el reto, el esfuerzo y las dificultades permite alcanzar y conocer la satisfacción y la felicidad. En otras palabras, el nefasto Decreto 0230 está condenando a una vida miserable a nuestros niños y jóvenes.

Además de la mediocridad académica a la que conduce a los jóvenes, los rezaga frente al conocimiento de sus pares de otras latitudes, lo mismo al país con respecto a la otros países; les dificulta la formación de la concepción científica del mundo desde temprana edad, los relaja además disciplinariamente; los induce a la pérdida del gusto  y al desprecio por el estudio y el conocimiento; y los coloca en desventaja para el ingreso a las universidades públicas[10].

En la vida real, a la que  se tendrán que enfrentar nuestros jóvenes, a las personas se les exige esfuerzo, compromiso, lucha y si eso no lo han conocido y menos aprendido, entonces ahí si vendrá el fracaso y la frustración.  A los jóvenes de los sectores populares que requieren enfrentar el mundo en condiciones desiguales es apenas justo que la escuela les aporte las herramientas que les contribuyan significativamente en esta dura lucha. La escuela debe  proporcionarles el conocimiento científico que les permita conocer las leyes de la sociedad y la naturaleza para  que puedan realizar acciones transformadoras en su propio beneficio, para beneficio de su clase social y para beneficio del país. Qué además los aparte de la superstición y puedan comprender la naturaleza del poder y las causas de la desigualdad social. Debe aportarles  también el método, es decir, la autodisciplina, la autonomía, la libertad con responsabilidad, el ser persistentes y constantes, con orgullo de ser hijos de trabajadores, con una posición de clase frente a la vida, acompañada de un sano patriotismo como bandera que guíe y dé sentido y trascendencia a sus vidas.

Aunque está demostrado que el Decreto no tiene una motivación académica, los maestros y maestras debemos asumir con rigor académico el debate sobre su contenido. Algunos lo consideran benéfico porque protege a los estudiantes de las eventuales arbitrariedades de los docentes, frente a lo cual hay que señalar que el retorno al autoritarismo no debe ser la razón para derogarlo[11].

La derogatoria del nefasto Decreto 0230 de 2002 no solucionaría automáticamente el nivel académico, ni los múltiples problemas que hoy se viven en todas las instituciones educativas del país, simplemente porque ni las causas de su expedición, ni mucho menos las consecuencias de su aplicación, tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de la educación, ni con la solución a los problemas del ámbito escolar. Pero su derogatoria si contribuiría en gran medida a ello significativamente, sobre todo frente a los problemas que ha causado.

Entre los estudiantes también crece el malestar, como lo evidenció el Foro Educativo Distrital de Bogotá del 2005 y el evento que sobre el particular se realizó con los jóvenes estudiantes del Distrito Capital el 10 de octubre de 2006 en la sede de la Asociación Distrital de educadores ADE.

La propuesta debe ser la movilización social exigiendo su derogatoria. Se debe exigir a las administraciones regionales, de carácter progresista, a expresar públicamente  al gobierno nacional su rechazo a la nefasta norma y exigir igualmente su derogatoria.

CONCLUSIONES

Independientemente de la derogatoria o no, del nefasto Decreto 0230, las instituciones educativas deben:

·        Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que mejoren los procesos formativos. Proponemos tres estrategias pedagógicas: 1) La permanente utilización de didácticas activas y lúdicas, para generar interés y cariño por lo que se hace; 2) El uso de la tecnología educativa en todas las asignaturas (computadores, audiovisuales, etc.), y 3) La formación política de los jóvenes, víctimas de un modelo social injusto e inhumano, que los motive a transformarse en luchadores contra este orden de cosas.

·        En el caso de instituciones educativas con unas características en su población escolar tales como: altos índices de desnutrición, maltrato infantil y violencia intrafamiliar, descomposición familiar  y social, pandillismo juvenil, delincuencia y violencia callejera, desempleo entre los adultos; muy bajos niveles de ingresos económicos, de escolaridad, de aspiraciones con respecto a los hijos y  de valoración de la importancia del estudio por parte de los padres de familia de la comunidad educativa, se deben replantear los PEI y sustentar la necesidad de un mayor número de orientadores, de especialistas en educación especial, de un mayor número de docentes y unos parámetros adecuados en la relación número de estudiantes por grupo.

·        Diseñar y desarrollar Jornadas Pedagógicas con el suficiente espacio de tiempo y la suficiente preparación que permitan la real participación decisoria de todos y cada uno de los profesores del colegio en la construcción propuestas pedagógicas y didácticas, en la solución de los problemas que afectan a las instituciones educativas y en la toma de las decisiones fundamentales que afectan el presente y el futuro de una institución educativa.

·        Diseñar y desarrollar Escuelas de Padres con el suficiente apoyo institucional y con el soporte de maestros y maestras comprometidos con  una propuesta alternativa, que de una manera pedagógica construyan colectivamente (padres de familia, estudiantes y docentes) una nueva cultura frente al colegio, a la educación y frente a los grandes problemas por los que atraviesa el país.

·        Los procesos pedagógicos están sujetos a su permanente mejoramiento. Esto es una actitud propia del maestro consecuente con su profesión, con o sin Decreto 0230. No es el aspecto principal de este Foro el adelantar un debate acerca de las diferentes concepciones pedagógicas, sin embargo hay que señalar que el debate pedagógico es necesario y debería ser una  práctica permanente en las instituciones educativas, como  un valor agregado resultante de la sistematización, el  análisis y el intercambio de experiencias pedagógicas y didácticas de los maestros que desarrollan su actividad profesional día a día en las aulas de clase, con estudiantes de carne y hueso, acompañados de sus problemáticas concretas, y  no debates retóricos, la mayoría de las veces estériles, sobre la mera teoría.

·        Las teorías de Vigosky, Piaget, Porlan, Gardner, etc., deben ser conocidas, analizadas profundamente y debatidas  y sus aportes más pertinentes deben ser el soporte con el cual se construyan las propuestas pedagógicas  y didácticas que se requieren para mejorar la calidad de la educación que se imparte en cada una de las instituciones educativas, sin  desconocer en ningún momento las condiciones de pobreza y de miseria que como resultado de un creciente desempleo afectan a la mayoría de la población colombiana[12].

·        Esta situación de pobreza y de miseria se expresa en el ámbito escolar en altos índices de desnutrición, descomposición familiar, maltrato infantil y violencia juvenil en sus múltiples formas. Las teorías pedagógicas más avanzadas se van a encontrar en su aplicabilidad con esta situación, la cual debe ser tenida en cuenta en el diseño de los Planes de Aula, de Area, en el Plan de Estudios de la Institución, en el Currículo de la Institución y en el Proyecto Educativo Institucional PEI[13].

·        La respuesta institucional a estas difíciles condiciones socioeconómicas y culturales no puede ser la de disminuir el rigor académico o el nivel de profundización y complejidad en los conocimientos científicos que se imparten, ni tampoco la promoción automática. La respuesta se encuentra en el ejercicio real de lo que se entiende por comunidad académica, es decir, en el trabajo colectivo de auténticos profesionales de la educación, en el intercambio de saberes y experiencias y en la construcción colectiva de propuestas, proyectos y estrategias que tengan como propósito resolver los problemas, obstáculos y dificultades, en la perspectiva de alcanzar los fines de la educación planteados en la Ley General de Educación, de  mejorar día a día la calidad de la educación que reciben los estudiantes y por ende el  desempeño profesional de todos y cada uno de los docentes, lo cual implica voluntad institucional y un ambiente democrático para llevarla a cabo.
 
[1] Ponencia presentada en el Seminario Nacional “Educación de calidad, evaluación y autonomía escolar”, realizado en Bogotá D.C., los días 17 y 18 de Octubre de 2008.
 
[2] Licenciado en Ciencias Sociales con estudios de Maestría en Análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones internacionales contemporáneos, y en Geografía, diplomado en Derechos Humanos. Asesor de la Escuela Sindical de la Asociación Distrital de Educadores ADE, Presidente del Comité Sindical de la Localidad de San Cristóbal, activista de Renovación Magisterial, expresión antiimperialista del magisterio colombiano. nestoramirezmo@yahoo.es
 
[3] Presidencia de la República de Colombia, Decreto Número 1860 de 1994, Artículo 20.
 
[4] Artículo 27.- Directivos docentes. Todos los establecimientos educativos de acuerdo con su proyecto educativo institucional, podrán crear medios administrativos adecuados para el ejercicio coordinado de las siguientes funciones:

1.       La atención a los alumnos en los aspectos académicos, de evaluación y de promoción. Para tal efecto los educandos se podrán agrupar por conjuntos de grados.

2.       La orientación en el desempeño de los docentes de acuerdo con el plan de estudios. Con tal fin se podrán agrupar por afinidad de las disciplinas o especialidades pedagógicas.

3.       La interacción y participación de la comunidad educativa para conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para ello podrá impulsar programas y proyectos que respondan a necesidades y conveniencias. (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto Número 1860 de 1994).

 
[5] La maquila es la forma de producción que en el marco de los procesos de acumulación y valorización del capital transnacional en respuesta a la crisis del capitalismo, por la caída de sus tasas de ganancia, se está imponiendo a los países del tercer mundo. Implica la negación al desarrollo científico y  tecnológico en el país.
 
[6] SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Subsecretaría Académica, “Foro Educativo Distrital 2008. Evaluación Integral para la calidad de la educación”. http://www.sedbogota.edu.co/secretaria/export/SED/seducativo/ForoEducati...
 
[7] DE ZUBIRIA Samper, Miguel, “El Decreto No. 230 de 2002. Su impacto en la motivación de los estudiantes”, basado en el libro del mismo autor, Psicología de la felicidad, Fundación Internacional de Pedagogía conceptual Alberto Merani, Bogotá, 2007.
 
[8] Ibid.
 
[9] Ibid.
 
[10] PARDO Romero, Miguel Angel, “Contexto para la discusión del Decreto 0230 de 2002”, en: Educador Distrital, periódico de la ADE, edición No. 11, noviembre de 2006, Bogotá D.C.
 
[11] PARDO, Op. Cit.
 
[12] La solución a los grandes males que padece la nación es de carácter político y macroeconómico y a su solución deben de concurrir todas las fuerzas vivas del país.
 
[13] El propósito de los PEI es alcanzar, en el marco de las condiciones concretas de cada institución, los Fines de la educación ordenados la Ley  General de Educación.
El Decreto 1278 de 2004 o Estatuto de la “desprofesionalización” docente,  ordena la de desempeño cada año para los maestros nuevos. Tuvo su origen en la Ley 715 de 2001, reglamentaria del Acto Legislativo 01 de 2001, que reformó la Constitución Política disminuyendo el presupuesto asignado para la educación, la salud y el saneamiento básico. Se estima que por causa de esta nefasta reforma se dejaron de percibir 7,59 billones de pesos en el período 2002-2006.