"El Plan de Desarrollo debilita a las regiones"

Asegura el gobernador del Valle, Argelino garzón. Dice que si el Plan depende del recorte a las transferencias nacionales, los departamentos y los municipios sufrirán importantes recortes para inversión en salud, educación y saneamiento básico. Se estima que las entidades territoriales dejarían de recibir 17,7 billones de pesos entre 2008 y 2016. En el caso del Valle del Cauca, dejaría de recibir, en ese mismo período, 1,2 billones de pesos y los municipios más afectados serían Cali, Buenaventura, Palmira, Tuluá y Cartago (...)


EL TIEMPO: ¿Cómo ve la advertencia de que sin reforma de transferencias el Plan Nacional de Desarrollo no se podría cumplir?

Angelino Garzón: Creo que es todo lo contrario: si volviéramos al espíritu de la Constitución de 1991, en materia de transferencias, las regiones tendríamos más recursos para la inversión en educación, salud y saneamiento básico.

Por lo tanto, no solamente garantizaríamos el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo en cada una de las regiones, sino los planes regionales en todo lo referente a ampliar y mejorar la cobertura educativa, incluyendo cultura, investigación, ciencia tecnología, mejoramiento del servicio de salud y en saneamiento, cuyo eje fundamental debe ser el agua potable.


¿Qué tanto está afectando a las regiones la reforma de transferencias, tal como quedó hasta diciembre?

Tal como está el proyecto, lo que hace es fortalecer el manejo financiero del poder central y limitar el manejo de las finanzas públicas a nivel regional. Cuando se aprobó la Ley en el 2000, se consideró siempre que era una decisión transitoria, que terminaría el 31 de diciembre del 2008.

Creo que lo mejor que puede hacerse para los intereses de las regiones, para que haya más recursos en salud, educación, saneamiento básico y poder cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, es volver a la Constitución de 1991 que destinó cerca del 45 por ciento de los ingresos de libre destinación, a nivel nacional, para inversión en salud, educación y saneamiento básico.


¿Los posibles recortes en los servicios que prestan los departamentos y municipios no quedarían cubiertos con lo que la Nación asume directamente en salud y educación dentro del plan de desarrollo?


¡No!... Hoy, municipios y departamentos, en materia de educación, estamos teniendo una crisis muy grande. Los recursos de transferencias nacionales, a duras penas, alcanzan para pagar nómina de maestros, personal administrativo y prestaciones sociales.


Cada día estamos viendo más limitados los recursos de transferencia nacional para pagar lo que tiene que ver con cobertura educativa y programas esenciales como desayunos escolares, mochilas escolares, transporte escolar rural, capacitación de docentes, adecuación de escuelas y colegios, salas inteligentes y pago de servicios públicos domiciliarios en cada uno de los centros educativos.


Esa es la gran crisis que viven municipios y departamentos con relación a lo que reciben por transferencias.


¿Qué posición asumirán ahora, cuando el Plan de Desarrollo costará seis billones de pesos más de lo previsto en el proyecto inicial?


Le hemos pedido a la bancada parlamentaria que concertemos con gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas lo que será el proyecto, sobre la base de que se respete el mandato constitucional de 1991 y sobre la base de que el tiempo de transición sea relativamente corto, mucho más en el caso de la salud, a raíz de la aprobación de la nueva Ley, la 1122 sancionada el 9 de enero del 2007.

¿Qué tanto afectará a las regiones?

El artículo 11 crea una situación muy difícil en la contratación de los departamentos con los hospitales del nivel 2, 3 y 4. En esta nueva Ley se recortan los recursos para contratar con la red pública hospitalaria.

Y todo lo que ingresaba por juegos de azar, o por chance, ahora ya no podrá utilizarse para contratar programas para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria ni para fondear la población pobre no asegurada.


Ahora esos recursos tienen que ir a los municipios para el régimen subsidiado, corriéndose el riesgo de que a partir de la implementación de esta Ley pueda consolidarse el debilitamiento y la crisis de la red hospitalaria pública.


Lo que uno percibe del Gobierno central es la política de debilitar regiones y concentrar mucho más poder en el ejecutivo nacional.


GLORIA INÉS ARIAS
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CALI


Por camila.