El sistema sanitario de Colombia, no es sostenible

19/08/2019

 

El sistema sanitario de 

Colombia, no es sostenible

El problema va más allá de la ley de punto final. La deuda del Gobierno con las IPS = hospitales y clínicas, es solo la tercera parte de la cartera total.

 

Nota del Editor: Sobre el texto del autor, insertamos algunos conceptos del editor que, esperamos, no tergiversen el mensaje final.

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Carlos Felipe Muñoz

Gerente General

ConsultorSalud

Edición: REDGES

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Hasta el momento las estrategias que buscan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano no están dando resultados y, por el contrario, el problema sigue creciendo y amenaza con generar más daños colaterales.

Las cuentas no cuadran entre EPS e IPS

A diciembre del 2017, las cuentas por pagar (CxP), aceptadas por las EPS, ascendieron a 11.6 billones de pesos, mientras que las cuentas por cobrar (CxC) de los prestadores de servicios de salud (IPS), a la misma fecha, ascendían a $20.1 billones con una diferencia, entre unas y otras, de 8,5 billones de pesos.

Un año después…

Teniendo como referencia los catálogos financieros de la Superintendencia de Salud, en diciembre del 2018, la condición de la deuda entre EPS e IPS, se ha incrementado de la siguiente manera:

  1. Las EPS ahora reconocen como obligaciones a su cargo, la suma de 14,2 billones de pesos, con un incremento reconocido del 21,9%, frente a un año atrás
  2. Por su parte, las IPS ahora presentan cuentas por cobrar (CxC), por 24,2 billones de pesos, con un incremento del 20%, frente a un año atrás.

La diferencia, como se puede ver, se ha ampliado hasta 10,2 billones de pesos de un año a otro, cifra considerada difícil de conciliar entre las partes y, por demás, casi impagable.

Cartera morosa

Analizando estos resultados a la luz de las cuentas anuales que entrega la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), indica que la cartera en mora (mayor de 60 días), está en el 59,1%, en donde se establecería un doble escenario potencial:

  1. Si confiamos en las cifras de las EPS, tendrían $8,3 billones en mora.
  2. Si confiamos en las cifras de las IPS, la cartera en mora sería de 14.3 billones de pesos.

¿Qué significa esto?

Para acércanos mejor a una idea real del tamaño de la deuda, los 24,2 billones de pesos que reclaman las IPS, servirían para financiar la afiliación de casi 31 millones de colombianos (el 64% de la población) durante un año al régimen subsidiado, asignándoles la Unidad de Pago por Capitación (UPC) aprobada para el 2019, que es de $787.327,20. Es decir, los prestadores públicos y privados del sistema de salud, han asegurado el 64% de la población colombiana durante un año GRATIS al tiempo que vienen a ser los principales apalancadores del sistema de salud.

Impacto del ‘Acuerdo de punto final’

En síntesis, el APF (Acuerdo de punto final) es el paquete de medidas anunciadas por el presidente Duque el pasado 24 de julio en Medellín, que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, y que se inició con el pago de la deuda pendiente de la liquidada EPS, Caprecom, por 514.000 millones de pesos.

Este acuerdo contempla el saneamiento de todas las obligaciones derivadas del consumo de tecnologías no incluidas en el plan de beneficios en salud con cargo a la UPC (Unidad de pago por capitación), no por PBS (Plan de beneficios en salud).

La máxima deuda reconocida por las EPS estatales, llegaría a los $7 billones, pudiendo ser inferior, según las cuentas que finalmente salgan de las dos auditorías exigidas en la ley 1955 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022).

Pero, entre las cuentas por pagar del Gobierno, confrontadas con las cuentas por cobrar de las IPS (hospitales y clínicas), surgen dos reflexiones extremadamente complejas:

  1. La cartera reclamada por las IPS asciende a 24,2 billones de pesos. Si la deuda del Gobierno no es mayor de $7 billones, significa que quedan por fuera 17,2 billones a cargo de las EPS privadas. ¿Quién pagará el resto?
  2. Y, la segunda, también muy delicada, es el crecimiento permanente de la cartera que, entre los años 2017-2018, avanzó a un ritmo acelerado del 20%, lo que representa una amenaza real en la sostenibilidad de todo el ecosistema de salud.

Conclusiones

En tales condiciones de objetividad financiera, la llamada “Ley de punto final”, que se entiende en el común de la gente como el saneamiento de todo el sector salud, no parece que vaya más allá del mismo título. ¿Aguantarán los actores?  ¿Aguantará el sistema?

Señor, Superintendente, Fabio Aristizábal:

Asunto:

Respetuosa recomendación de operación del sistema.

Ya que está buscando “clientes” para aplicar su Ley 1949 de 2019 (de dientes a la Supersalud), ponga la lupa sobre los revisores fiscales de las EPS e IPS, porque, de acuerdo con estas evidencias, le están mintiendo al país.

En ConsultorSalud, tenemos la camisa arremangada.

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ABC DEL PUNTO FINAL

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