El trabajo digno y los ambientes escolares

Tomado de la Edición # 48 del PERIÓDICO DE CUT, Subdirectiva de Bogotá y Cundinamarca.

A propósito de la Jornada Mundial por el trabajo decente, el 7 de octubre
 
Por: Miguel ángel Pardo Romero (1)

Una política pública educativa, contraria a la desarrollada por los planes decenales gubernamentales nacionales, el que feneció y que se está elaborando, debe plantear tres asuntos claves: aumentar el promedio generalizado de le enseñanza de la población, elevar el nivel científico de la educación y considerar como impostergables la resolución de los conflictos y la restitución de mejores ambientes escolares.

La razón de que hoy ocurra todo lo contrario a la trilogía planteada y se aplacen nuevamente los mencionados propósitos, deriva una política educativa diseñada contraria al interés nacional. Es evidente que, no son los planes del Ministerio de Educación, ni sus “expertos” ni los foros virtuales, quienes determinan y sustentan las reformas. Lo evidente es que las verdaderas reformas educativas, por lo menos de los últimos 6 años, son los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, que han recortado más de 100 billones de pesos a la inversión social, entre los años 2002 y el 2016. En consecuencia, nadie puede negar cuatro hechos.

Primero, que los recortes son ordenados por el Fondo Monetario Internacional.

Segundo, que la “forma moderna de negar el derecho a la educación, es suprimir la financiación del Estado”, tal como ha sostenido el Magistrado Jaime Araujo.

Tercero, que ante la ausencia de recursos, se imponen propuestas del Banco Mundial de educación para pobres; tales como, la promoción automática, la negación del preescolar de tres años o mínimas metas de universalización de noveno grado en pleno siglo XXI, cuando lo que se requiere es avanzar, por lo menos, a la educación media especializada y dos años de educación superior.

Cuarto, se aplica la máxima neoliberal de “hacer más con menos”; lo que se ha traducido en menos directivos, docentes y trabajadores administrativos para atender más alumnos por aula y colegio; supresión de las plantas de supervisores y orientadores, mayor carga académica y jornada laboral y, para “rematar” recorte de vacaciones. Todo ello, en una época en que aumentan los conflictos escolares y la problemática juvenil.

La mezquindad neoliberal para con la escuela y la comunidad educativa se vuelve ilimitada. Tras de “cotudo y con paperas”. A la  pobreza se le vuelve filosofía y a la eficiencia se le convierte en hostigamiento. La insuficiente financiación y responsabilidad estatal, el gobierno la embolata con una cínica exigencia de resultados: Impone el decreto 230 que promueve a los chicos sin obtener los logros académicos por grado pero anuncia que evaluará mal a los docentes si los alumnos no los obtienen. A sabiendas que la mencionada norma no evitó la deserción y obtuvo verdaderos estragos académicos y disciplinarios, el gobierno hace caso omiso de las causas de esta según el estudio de la Contraloría en el 2005; tales como, la pobreza y desnutrición. Se hace alharaca con la necesidad de un nuevo tipo de maestro pero se elimina el Estatuto Docente. Se le emplaza para que esté actualizado pero se reduce al mínimo los recursos para este efecto, se congelan los salarios y se impide ascender en el escalafón por estudios.  Se habla de participación en los proyectos educativos institucionales pero se le impone al directivo docente atender más sedes y jornadas, se le compele a que la pedagogía deje de guiar su función de dirección, desconozca en la práctica el gobierno escolar y se transforme en gerente, ojalá en capataz; idea a la que por fortuna  se resisten en su inmensa mayoría. Se envía a los organismos de control a que esté pendiente de que la escuela atienda bien al público pero se asigna un insuficiente número de los trabajadores administrativos, se les convierte en “toderos” con el eufemismo de polifuncionales y, a los nuevos, se les contrata por la vía de la tercerización; es decir, sin estabilidad laboral y de paso, alguien gana por lo que el funcionario trabaja.

Todo cruzado por un ambiente generalizado de violencia, el desobligante lenguaje del actual mandatario para con quienes opinen en contrario; unos medios de comunicación y electrónicos desbordados, promoviendo todo lo contrario a lo que es un estado de derecho y de lo que llaman genéricamente “valores”. Eso sí, sin ruborizarse ponen a la educación oficial en la picota pública porque no ordena, lo que desordenan cada hora del día con tal despliegue de poder.

De allí lo importante que los gobierno sociales, como el de Bogotá hayan avanzado en el terreno educativo y que, precisamente por ello, tengan una segunda oportunidad. En razón de lo cual, las organizaciones sociales del sector educativo, suscribimos una Declaración con el actual mandatario distrital, el 8 de octubre de 2007, que define las prioridades en este cuatrienio de una propuesta de política pública con las características mencionadas en el primer párrafo de este artículo. De su cumplimiento, también depende avanzar en la dignificación del trabajo y de la institución escolar educativa. La Central Unitaria de Trabajadores, juega un invaluable papel en su materialización, unifiquémonos con entusiasmo en dichos propósitos por el bien de todos.