Hechos sociales que inciden en la calidad de la educación pública

Ángel Pérez Martinez | 2019/05/06 00:01

Tomadp de: Revista Dinero

 

Hechos sociales que inciden en la calidad de la educación pública

En Colombia existen condiciones sociales, económicas y políticas con las que conviven los niños y adolescentes de las familias con menores ingresos, las cuales afectan su desarrollo y son un obstáculo para mejorar los resultados en permanencia y calidad de la educación pública del país.

Para empezar, las brechas sociales vinculadas a la pobreza son enormes y más graves entre los sectores rural y urbano. Por ejemplo, los datos del Dane señalan que para 2018, las personas en situación de pobreza multidimensional en la zona rural eran 2,9 veces de aquellas en las zonas urbanas; en efecto, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en Colombia fue 19,6%, en la zona urbana 13,8 % y en la zona rural de 39,9 %. Los niños pobres del sector rural solo pueden asistir a la educación pública. El país conoce que para personas mayores de 15 años el promedio de años de educación en zonas rurales es cercano a 6 años y en zonas urbanas a 10 años. La tasa de inasistencia en 2014 para el sector rural era del 57,8 % y para el urbano del 47,2 %. El tema es muy grave porque no existe un plan serio (con recursos) en educación para revertir esta situación y gobierno tras gobierno repetimos el ciclo de pobreza, violencia, ilegalidad y subdesarrollo en las zonas rurales.   

Además, de acuerdo con el Dane, en 2018, a nivel nacional la pobreza monetaria alcanzó el 27 % de la población, en situación de pobreza monetaria extrema se encontraban 3.508.000 personas y la distribución del ingreso en el total nacional era de 0,517.

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Lo peor es que este Gini de 52 % creció en el último año. Según el Dane, “la desigualdad matemáticamente tuvo una desmejora gracias a que el ingreso real per cápita de la población más rica del país se incrementó 3,3 % y el de la población más pobre disminuyó 0,9 %”. Lo anterior significa que las familias con mayores ingresos cada vez pueden destinar más recursos a la educación privada de sus hijos. Recordemos que, en 2018, en ciudades como Bogotá la educación básica y media privada alcanza el 42 % del total y que a nivel nacional la matrícula privada en educación superior representa el 50 % del total. Estos datos pueden explicar por qué se frenó el incremento de la matrícula de la educación superior en Colombia, durante los dos últimos años, los pobres tienen menos recursos para financiar la educación superior de sus hijos.

Diversos estudios han demostrado que los estudiantes menos pobres son los que al final terminan educación media. Por ejemplo, Un estudio de Sánchez y otros  encontró que mientras más del 70 % de los estudiantes en estrato 2, 3 o más llega a undécimo grado, solo el 56 % de los estudiantes en estrato 1 logra dicha meta; así mismo pertenecer a un hogar estrato 1 está asociado a 0,86 años menos de logro esperado y un estudiante que viva en un hogar estrato 1 está asociado significativamente a una mayor probabilidad de repitencia en la secundaria.

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Además de las enormes brechas entre la zonas urbanas y rurales, convivimos con más de 8 millones de desplazados y el 35 % de los hogares tienen jefatura femenina.  Respecto a la participación y acompañamiento de los padres de familia un grupo de profesores de Cartagena manifiesta que a las reuniones en donde citan a los padres de familia, solo asiste el 60 %, el resto sostiene que no tienen tiempo, no les dan permiso en sus trabajos y un día que no trabajen, según ellos, es un día que dejan de llevar el sustento a su familia. Las familias más pobres no colaboran, ni les importan la calidad de la educación, ese es un problema del maestro.

La mayoría de las familias no tienen casa propia. En  2017, según el Dane el 45,2 % de los hogares colombianos habitaba en vivienda propia, mientras que en arriendo o subarriendo se encontraba el 34,5 % de la población, de nuevo, los más afectados por el tipo y propiedad de la vivienda son los más pobres.

A la mayoría de los colegios oficiales llegan las familias pobres, desplazadas, sin vivienda propia y sin empleo formal; estas familias carecen de arraigo barrial o veredal y; en estas condiciones es muy difícil que directivos y maestros exijan desde la educación oficial a la familia del estudiante que tenga algún sentido de pertenencia y de compromiso con el colegio.

La escuela pública y sus docentes deben subsistir en el aula con familias y niños que durante un año se pueden trasladar de vivienda más de una vez; cada desplazamiento o traslado de la familia significa un niño que se va de un colegio oficial y que en el mejor de los casos se le envía a otro colegio, si la familia no le consigue colegio perderá el año escolar, en el siguiente curso será un niño con extra edad, es decir, a punto de abandonar de manera definitiva el aula escolar.   

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Imaginemos las dificultades que ocasiona para el trabajo de un docente en el aula, explicar por qué se fue un niño o darle la bienvenida a otro a mitad del curso e involucrarlo al nuevo proceso pedagógico y curricular, en un entorno hostil. Sin olvidar, los temas emocionales y de frustración que le produce a un niño o adolescente tener que, de manera abrupta, abandonar su entorno barrial o veredal, su colegio y, sobre todo, a sus compañeros y profesores, a los que amaba.

La historia se repite, cuando el desplazamiento interno disminuyó, ahora llegan niños venezolanos, ellos pertenecen a familias pobres, desplazadas, sin vivienda propia y sin arraigo. Pregunto: ¿qué acciones se están desarrollando para atenuar los efectos en permanencia y calidad de la educación pública que tiene el desplazamiento masivo de familias venezolanas con sus niños y adolescentes? Duro construir educación pública de buena calidad con niños vulnerados y hasta maltratados y sin política pública para atenuar estas circunstancias.