Impacto de las políticas neoliberales en el régimen laboral del magisterio colombiano

Nestor Raúl Ramírez Moreno
IMPACTO DE LAS POLITICAS NEOLIBERALES EN EL REGIMEN LABORAL DEL MAGISTERIO COLOMBIANO
Las reformas a los regímenes laborales de los trabajadores colombianos, entre ellos el magisterio, lo mismo que las reformas a lo que se conoce en Colombia como el régimen de transferencias (Ingresos Corrientes de la nación que debían ser cedidos a los departamentos y municipios para atender principalmente la prestación de los servicios de educación y salud), son la aplicación concreta de los programas de estabilización y de ajuste estructural. El artículo centra su atención en los impactos y consecuencias de la aplicación de estos programas en el sector educativo, en particular analiza las consecuencias del recorte a las transferencias y las reformas al régimen laboral de los maestros colombianos.


I. INTRODUCCION

El régimen laboral colombiano en general, y en particular el régimen laboral del magisterio, han venido siendo objeto de significativas reformas en el periodo de tiempo en el que simultáneamente se ha venido implementando el modelo neoliberal en la economía del país. Este modelo, el neoliberalismo, se ha venido aplicando a través de programas de estabilización y de ajuste estructural prescritos para los países del Tercer Mundo, Colombia entre ellos, por entidades financieras multinacionales como el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial BM[1]. Establecer la relación entre las reformas al régimen laboral del magisterio colombiano y los programas de estabilización y ajuste estructural es el propósito principal de este artículo.

En 1989, con la promulgación de la Ley 91 que negó la retroactividad de las cesantías para los docentes que ingresaron al sistema educativo oficial a partir de entonces, lo mismo que la pensión de gracia para quienes lo hicieron a partir del 1º de enero de 1981[2] y  además privatizó la prestación del servicio de salud[3], se hizo evidente el comienzo de una etapa, que aún no ha concluido, de significativos recortes a los derechos y garantías laborales de los docentes, logrados, principalmente, a través de décadas de lucha sindical.

 
En el año 2001 se reformó la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 01 modificando el Régimen de Transferencias, ocasionando un drástico recorte al presupuesto para la salud y la educación (aproximadamente 1.9 billones por año[4]). Esta significativa disminución de los recursos para el sector educativo obligó a una profunda reestructuración del sistema educativo: adelgazamiento de la nómina, disminución de los ascensos en el escalafón, recorte a estímulos económicos, entre otros aspectos. Para ello se promulgo la Ley 715 de 2001[5]. Esta Ley dio además facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir un nuevo estatuto para la carrera docente[6] que se conocerá posteriormente como Decreto 1278 de 2002.

El Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente, aplicado a quienes se vinculen a partir de la vigencia del decreto “para desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma”. En términos comparativos con respecto al anterior Estatuto, Decreto 2277 de 1979, vigente para todos los docentes vinculados en propiedad al sector educativo estatal con anterioridad a la promulgación del mencionado Decreto 1278, es evidente el desmejoramiento en aspectos tales como: estabilidad laboral, régimen escalafón docente y régimen salarial, entre otros.

El Decreto 1850 de 2002[7] aumentó la duración de las horas académicas de 45 a 60 minutos y la asignación académica por docente de 20 a 22 horas reduciendo de esta manera el número de docentes por institución, además aumentó la jornada laboral. El Decreto 3020 de 2002[8] al establecer los criterios y procedimientos para organizar las plantas de personal ha modificado los parámetros, aumentando el número de estudiantes por aula de clase y por profesor; este Decreto también permite reducir el número de directivos docentes,  orientadores y orientadoras y docentes.

El artículo 81 de la Ley 812 de 2003[9] o Plan Nacional de Desarrollo modificó el  régimen pensional de los docentes que a partir de la promulgación de la Ley se vinculen al sector educativo estatal. Esta modificación significa para los nuevos docentes aumento de la edad para pensionarse, significativa disminución de la mesada pensional y del número de mesadas, incompatibilidad entre pensión y salario, y aumento de la cotización mensual para tal fin, entre otros aspectos.
 
II. LAS REFORMAS AL REGIMEN LABORAL DEL MAGISTERIO  HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACION Y DE AJUSTE ESTRUCTURAL

La “crisis de la deuda” que se evidencia en la década de los 80 en América Latina está directamente relacionada con la  crisis del modelo de acumulación capitalista que se presentó en los países desarrollados desde finales de la década de los 60s. El dispendio crediticio excesivo y con bajos intereses,  aumentado además con la inmensa masa de petrodólares que fueron de esta manera “reciclados” fue una de las respuestas a esta situación[10].  La crisis de la deuda en América Latina terminó convirtiéndose en la excusa más apropiada de los organismos financieros multinacionales (FMI, BM, AID) para obligar a los países  tercermundistas a implantar programas de estabilización  y de ajuste  estructural, favorables a las economías de los países desarrollados, principalmente para Estados Unidos, y nocivas para los países atrasados, como lo ha venido demostrando la realidad latinoamericana[11]. Estos programas son la expresión concreta de lo que se conoce como modelo neoliberal[12].

Los programas de estabilización impuestos tienen que ver principalmente con dos asuntos: la  inflación y el déficit en la balanza de pagos. Esto último, el déficit, hace que muchos países recurran en solicitud de ayuda principalmente al FMI y/o al BM, los cuales propician la financiación del déficit previa aprobación de las políticas económicas del país solicitante[13]. De las políticas de estabilización provienen medidas como la reducción de la inversión social (salud, educación, etc.) y en general el drástico recorte de derechos y garantías en los regímenes laborales y de seguridad social de los trabajadores, principalmente aquellos al servicio del Estado. Mientras que las políticas de ajuste estructural están encaminadas a generar cambios en la estructura económica de los países y en sus estrategias de desarrollo, con el énfasis puesto en la liberación de los mercados y en la privatización[14].

Colombia está, según la investigación de Barbara Stallings, entre los países latinoamericanos que vienen implementando programas de estabilización frente al déficit desde antes de 1990, junto con México, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Argentina, Brasil y Perú, presionados por los organismos financieros multinacionales[15]. El 9 de marzo de 1989 se realizó una jornada nacional de protesta convocada por todas las centrales sindicales existentes en ese entonces (CTDC, CUT, CGT y CTC), cuyo aspecto central era el rechazo a toda la regulación impositiva proveniente de las obligaciones contraídas con el FMI como efecto de la deuda de 16.600 millones de dólares a los cuales se sumarian 1.700 millones más de un nuevo préstamo challenger conseguido por el presidente Virgilio Barco Vargas[16].

Es en este contexto económico-político específico que se hace evidente la directa relación entre la Ley 91 de 1989 y los programas de estabilización y ajuste estructural. Al suprimirse la retroactividad de las cesantías para los docentes que  ingresen a partir de la vigencia de la Ley[17], lo mismo que el derecho a la pensión de gracia para un número muy grande de docentes, se está logrando un recorte significativo en los recursos que se destinan al sector educativo (inversión social), contribuyéndose de esta manera a aliviar el déficit fiscal, una de las grandes metas de los programas de estabilización. De igual manera el retiro del magisterio de la Caja Nacional de  Previsión, entidad estatal de seguridad social, y su vinculación a través de contratos con empresas privadas prestadoras del servicio de salud, se corresponde nítidamente con la filosofía y propósitos de los programas de ajuste estructural: liberación de los mercados y privatización.

La ley 715 de 2001 y los Decreto 1278, 1850  y 3020 de 2002, lo mismo que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, sustentados en el Acto Legislativo 01 de 2001 son la expresión concreta del cumplimiento de Colombia con los acuerdos suscritos, en este caso, con el FMI.  El Acto Legislativo 01 de 2001 reformó la Constitución Política que establecía un porcentaje creciente de los Ingresos Corrientes de la nación que debían ser cedidos a los departamentos y municipios (Situado Fiscal) para atender principalmente la prestación de los servicios de educación y salud. Con el Acto Legislativo se reformó la Constitución en los artículos 356 y 357 con el objetivo de modificar la base de liquidación del Situado Fiscal para disminuir los aportes[18]. La operación, según cálculos actuariales ha significado el recorte de 1.9 billones de pesos anuales, 13.3 billones en siete años[19].

En el denominado “Acuerdo extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional”[20], suscrito el 3 de diciembre de 1999 y firmado por Juan Camilo Restrepo, Ministro de Hacienda y Crédito Público, y Miguel Urrutia Montoya, Gerente General del Banco de la República, el gobierno colombiano sustentado en argumentos tales como:   

2.     El deterioro de la situación fiscal de Colombia ha resultado principalmente de la introducción de programas en los primeros años de la década de los años 90 que significaron grandes incrementos del gasto público. Las autoridades también han enfrentado dificultades en la administración fiscal, debido a la creciente participación de los ingresos de destinación específica, y a que los acuerdos de distribución de los ingresos corrientes que manda la Constitución no han estado debidamente acompañados de una reducción de los gastos del Gobierno Central. Por lo tanto, aunque el proceso de descentralización fiscal ha ayudado a consolidar la democracia a nivel local, el Gobierno Central continúa asumiendo muchas de sus responsabilidades originales de gasto, con una significativa proporción de sus recursos transferida a los gobiernos locales. [los subrayados son nuestros]
3.     Colombia inició además un importante programa de reforma estructural en la primera mitad de los años 90, enfocado hacia la liberalización del sistema financiero y del comercio exterior, y hacia el aumento de la participación del sector privado en actividades económicas claves. En 1990 se implementó una importante reforma laboral, la cual se extendió en 1996 a la mayoría de los contratos de los servidores públicos.[21] [los subrayados son nuestros]

El gobierno se compromete a, entre otros asuntos,
 
A. POLÍTICA FISCAL
      (…)
14.  Para alcanzar una reducción sustancial y sostenida en el déficit fiscal en el mediano plazo, el Gobierno ha diseñado la serie de reformas descrita adelante. Algunas de ellas ya se han presentado al Congreso y otras seguirán de acuerdo con el calendario presentado en el Memorando Técnico anexo. En el caso que durante su consideración por parte del Congreso algunas de estas iniciativas registren cambios sustanciales en términos de sus resultados fiscales esperados, o que haya otras complicaciones en el programa, las autoridades tomarán medidas alternativas para asegurar que las metas del programa sean plenamente cumplidas.

15.  La perspectiva fiscal para el período del programa depende crucialmente de la implementación de las reformas estructurales en el sector público, del éxito del programa en curso para fortalecer el recaudo de impuestos, de la recuperación de la actividad económica, y de los costos fiscales potenciales de la reestructuración del sector financiero. Hay poco margen para reducir el déficit fiscal proyectado en 1999, considerando que ya se adoptaron medidas a principios de este año y que el Gobierno Central tiene un control limitado en el corto plazo sobre el uso de los recursos del sector público, debido a las restricciones de los ingresos de destinación específica y los arreglos de participación en los ingresos corrientes.[los subrayados son nuestros]

16.  Para el mediano plazo, el plan fiscal prevé una fuerte reducción del déficit del SPNF, al 3,6 por ciento del PIB en el año 2000, 2,5 por ciento del PIB en el año 2001, y al 1,5 por ciento del PIB en el año 2002, después de tener en cuenta los gastos adicionales en programas sociales. Ayudado por una recuperación de la actividad económica, este ajuste fiscal se alcanzará a través de una ampliación adicional de la base tributaria, de la continuación del programa de fortalecimiento de la recaudación de impuestos, del freno al gasto público diferente al pago de intereses, del logro de un mayor control sobre los recursos bajo el sistema de descentralización fiscal (inclusive a través de una reforma constitucional), del fortalecimiento de los sistemas de pensiones del sector público, haciendo más eficiente la operación de los gobiernos locales, y limitando el reemplazo de los trabajadores que se pensionen. Más específicamente, el notable ajuste fiscal programado para el año 2000 se obtendrá principalmente mediante una fuerte reducción del gasto del Gobierno Central excluyendo pagos de intereses, una política de contención, reformas pensionales, y el fortalecido programa de recaudación de impuestos. [los subrayados son nuestros]
                       (…)
18.  En febrero del 2000 se presentará al Congreso una reforma al impuesto de renta con el propósito de reducir las fuentes de ingreso exentas. Al mismo tiempo, se introducirá cambios para cerrar los vacíos existentes en el sistema del IVA. Estas medidas están dirigidas a alcanzar metas como producir el 0,6 por ciento del PIB en el año 2001 y un 0,2 por ciento del PIB adicional al comenzar el 2002. El Gobierno también extenderá el impuesto a las transacciones financieras hasta el 2002 y se obtendrán ingresos adicionales por una reorganización del sistema nacionalde loterías. El Gobierno también está presentando en la actual legislatura (julio-diciembre de 1999) una serie de reformas estructurales para ayudar a controlar el gasto público. Entre estas reformas sobresale la del sector público de pensiones y de seguridad social, los pasos para hacer más eficiente el sistema de descentralización fiscal y las acciones para modificar los gastos operacionales de las entidades locales. En la Sección E se da mayores detalles sobre las reformas estructurales. [los subrayados son nuestros]
(…)
20.  El más importante de los esfuerzos para controlar el gasto público en el mediano plazo es el acto legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso en septiembre de 1999 con el propósito de mantener constante en términos reales el valor de los fondos que se transferirán a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación. Se espera que esta reforma, que requiere la aprobación en dos sesiones sucesivas del Congreso, sea efectiva a partir de julio del 2001 y provea ahorros fiscales del 0,4 por ciento del PIB en el 2001, aumentando al 0,8 por ciento del PIB en el 2002. [los subrayados son nuestros]
     (…)
22.  Las autoridades confían en que el ajuste fiscal descrito anteriormente provee una base sólida para el programa, con reformas tempranas que apoyan el esfuerzo fiscal. Sin embargo, será necesario algún tiempo para que todas las reformas estructurales sean efectivas y produzcan ahorros fiscales. Mientras tanto, los recursos provenientes de las privatizaciones serán utilizados para asegurar el financiamiento apropiado del déficit fiscal. Sobre esta base, y con la reducción programada del déficit, la deuda del sector público (doméstica y externa) se estabilizará en 35 por ciento del PIB durante el período del programa y disminuirá ligeramente más adelante. Durante el curso del programa, el uso del financiamiento interno por parte del sector público se reducirá a fin de ayudar a proveer recursos para la recuperación de la actividad en el sector privado. [los subrayados son nuestros]

23.  El programa fiscal para 1999 y el año 2000 será monitoreado trimestralmente a través de un tope para el déficit combinado del sector público, como se establece en la Sección I.A del Memorando Técnico anexo (…)
       E. REFORMAS ESTRUCTURALES
       (…)

37.  En la sesión legislativa de julio a diciembre de 1999 se están introduciendo varias reformas adicionales. El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley para hacer más eficiente (streamline) el sistema de descentralización fiscal mediante la creación de un fondo de pensiones territoriales, y para fortalecer las finanzas de los gobiernos locales mediante la limitación de sus gastos corrientes. Como ya se anotó, entre las reformas que ya se han presentado al Congreso hay también una reforma constitucional que cambiaría el actual sistema de transferencias a las entidades locales de un porcentaje fijo de los ingresos actuales del Gobierno a cantidades que permanecerán constantes en términos reales. El Gobierno pretende que el nuevo sistema de transferencias se haga efectivo en el año 2001 en el caso de las transferencias a los departamentos, y en el 2002 en el caso de las transferencias a los municipios. [los subrayados son nuestros]

38.  Adicionalmente, en la sesión del Congreso de julio a diciembre de 1999 el Gobierno está presentando propuestas para una reforma integral del sistema de pensiones en Colombia. Este proyecto incluye una reforma de segunda generación del sistema de seguridad social, así como acciones para llevar los esquemas especiales de pensiones más en la línea de las provisiones de pensiones del sistema general de seguridad social. El efecto fiscal más importante de estas reformas se sentirá cuando la transición al nuevo régimen de seguridad social se haya completado en el año 2010, ahorrando cerca del 0,5 por ciento del PIB de forma permanente. [los subrayados son nuestros]
(…)

41.  El programa de privatización de Colombia, que se ha estado adelantando desde principios de la década de los 90, tendrá un impulso durante el primer año del programa, pues se espera vender varias empresas grandes. Con el objetivo de dar tiempo para que todas las reformas estructurales descritas tengan efecto y generen los ahorros fiscales esperados, el Gobierno se valdrá de las ganancias de la privatización para ayudar a financiar el programa en el 2000 y en menor grado en el 2001. De acuerdo con las decisiones que ya se han tomado, el Gobierno espera que hacia finales del año 2000 sean privatizadas las grandes compañías del sector de distribución de electricidad y que se haya concluido la venta de la mayor compañía minera (CARBOCOL). Como parte de la reestructuración del sector financiero, los bancos públicos restantes, excepto el Banco Agrario, serán ofrecidos en venta al sector privado. En el sector de las telecomunicaciones, el Gobierno ha abierto significativamente el acceso al sector privado, y las tarifas de larga distancia se han reducido considerablemente. [los subrayados son nuestros]
 
42.  En los últimos años, Colombia ha hecho un progreso considerable al expandir la participación del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura. Se están subastando al sector privado concesiones para nuevos proyectos en la construcción y operación de carreteras y carrileras, así como de facilidades aeroportuarias existentes. En el sector petrolero, el Gobierno introdujo recientemente un sistema más flexible de regalías y permitió una mayor participación del sector privado. Al mejorar los incentivos para la exploración petrolera, se espera que el país continúe siendo un exportador de crudo en el largo plazo.
(…)
44.  Colombia adoptó una amplia reforma laboral en 1990 que aumentó considerablemente la flexibilidad del mercado de trabajo. Sin embargo, la profunda recesión reciente y las rigideces que aún existen en el mercado laboral han contribuido al alto nivel de desempleo en Colombia. Con el propósito de reducir el desempleo, el Gobierno ha introducido una serie de medidas de corto plazo, incluyendo proyectos de mantenimiento intensivos en mano de obra, y otorgado incentivos tributarios para la creación de empleo.[los subrayados son nuestros]

45.  El progreso en la implementación de la agenda de reforma estructural será monitoreado en las revisiones semestrales del programa. En particular, la primera revisión, programada para el final de junio del 2000, se enfocará en los progresos del Gobierno en su agenda legislativa y en el programa de privatización. [los subrayados son nuestros]
(…)
        G. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICAY FINANCIERA
             Y MONITOREO DEL PROGRAMA
 (…)
24.  El Gobierno de Colombia proveerá al FMI con la información necesaria para monitorear la implementación del programa, así como con otra información que pueda ser necesaria para monitorear adecuadamente el desarrollo económico y financiero en Colombia. [22] [los subrayados son nuestros]

CONCLUSIONES
 
·         Es evidente que las reformas al régimen laboral del magisterio colombiano corresponden a la estricta aplicación de los programas de estabilización y de ajuste estructural impuestas a Colombia por el FMI y el BM, principalmente. En otras palabras son la expresión concreta del modelo neoliberal. Hacen parte de las estrategias de Estados Unidos  hacia los países latinoamericanos y benefician primordialmente a la economía de este país en su conjunto y en particular a sus empresas multinacionales y a sus bancos, en desmedro de la economía del país y de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.
  • En cumplimento de sus acuerdos con los organismos financieros multinacionales como el FMI y el BM, entre otros, el actual gobierno colombiano ha firmado un Tratado de Libre Comercio TLC, es decir de liberalización del mercado, y ha presentado al Congreso colombiano para su aprobación un paquete legislativo que incluye otra reforma constitucional para seguir disminuyendo las Transferencias y otra reforma tributaria.
     

  • Los acuerdos suscritos, las leyes promulgadas y los programas aplicados son una demostración de que no se trata simplemente de  manidas expresiones “izquierdistas”, faltas de seriedad y de rigor académico. Todo lo contrario, se trata de explicaciones claras, objetivas y veraces acerca de las causas y soluciones a la difícil crisis económica, política y social por la que está atravesando el país, explicaciones que la nación está exigiendo desde hace mucho rato.
     
BIBLIOGRAFIA

AHUMADA Beltran, Consuelo, El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, El Ancora Editores, Bogotá D.C., 1996.
CADENA Rojas, Aldo, “Las transferencias… blanco principal del gobierno”, en: FECODE, Por educación, salud, agua potable y saneamiento básico…no al nuevo recorte de transferencias, Federación Colombiana de Educadores FECODE, Bogotá, octubre de 2006.
Decreto 3020 de Diciembre 10 de 2002.
Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002.
DOS SANTOS, Tehotonio , “Trucos del neoliberalismo”, en: Revista Foro, No. 19, Diciembre de 1992, Ediciones Foro por Colombia, Santafé de Bogotá.
El Tiempo, 4 de marzo de 1989, “Saludamos la protesta de las cuatro centrales”.
FECODE, Por educación, salud, agua potable y saneamiento básico…no al nuevo recorte de transferencias, Federación Colombiana de Educadores FECODE, Bogotá, octubre de 2006.
FECODE, Hacia la construcción de un nuevo estatuto docente, Cuaderno Temático No. 3, Federación Colombiana de Educadores FECODE, Organización Sindical de los Educadores de Suecia Lärarförbundet, Bogotá, 2006, pp. 39-46.
Ley 812 de 2003.
Ley 115 de 1994.
Ley 50 de 1990.

Ley 91 de 1989.

RAMIREZ Moreno, Néstor Raúl, “Internacionalización de la economía y política económica”. En: Revista Republicana, Publicación del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, No.1, Julio-Diciembre de 2006, ISSN:1909-4450, Bogotá D.C., pp. 27-45.
 
STALLINGS, Barbara, “La influencia internacional en las políticas económicas: deuda, estabilización y reforma estructural”. En: Stephan Haggard y Robert R. Kaufman, compiladores, La política de ajuste económico, Las restricciones internacionales, los conflictos ditributivos y el estado, CEREC, Colombia, 1994.
UGARTECHE, Oscar, Falso dilemaAmérica Latina en la economía global. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1997; entre otros.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Reforma al Régimen de Transferencias. Proyecto de Acto Legislativo 012: Reflexiones desde la Academia. Bogotá, mayo 24 de 2001.
www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/ACUERDOFMI.pdf

[1] Para profundizar sobre este aspecto ver: RAMIREZ Moreno, Néstor Raúl, “Internacionalización de la economía y política económica”. En: Revista Republicana, Publicación del Centro de Investigaciones de la Corporación Universitaria Republicana, No.1, Julio-Diciembre de 2006, ISSN:1909-4450, Bogotá D.C., pp. 27-45.

 
[2] “2. Pensiones:
  1. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1
    980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
     
  2. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.
     
3. Cesantías:
  1. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
     
  2. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”
     
( Ley 91 de 1989, Artículo 15)

 


Por Nestor Raúl Ramírez Moreno.