La consigna porque se conozca toda la verdad debe seguir guiando el movimiento de masas.


El pasado martes 20 de febrero, en una reunión de amigos y simpatizantes del Polo Democrático Alternativo de la localidad de Tunjuelito, en Bogotá, el dirigente Marcelo Torres, miembro del Comité Ejecutivo del PDA y Secretario General del PTC (moirista), hizo la intervención que aquí se transcribe de manera condensada.   

"Al fin, un resultado neto favorable –aunque todavía muy parcial- para las fuerzas de la democracia colombiana: la renuncia de la Canciller María Consuelo Araujo. Así, el primer round de la crisis política en curso se zanjó con una clara derrota para el gobierno Uribe; este empieza a acusar los inevitables efectos de las tremendas revelaciones que han salido a flote. La crisis, desatada porque comenzaron a destaparse cada vez más y más los nexos del gobierno Uribe con el paramilitarismo, se ahondó otro escalón con la detención de los seis parlamentarios ordenada hace pocos días por la Corte Suprema de Justicia.

El estallido de la tormenta, un giro tan inesperado como indeseable para el gobierno, sobrevino no en virtud de la llamada reinserción de las AUC bajo el alar de la sedicente Ley de Justicia y Paz sino precisamente a pesar de ella. Aunque el gobierno pretenda autoameritarse, como ahora dice, con la “apoteosis de la justicia”, lo real es que está alarmado porque empezó a hundirse de modo irremediable su plan oficial para incorporar la influencia dominante de los grupos paramilitares no ya sobre extensas regiones del país sino en los más altos niveles del poder del Estado. Para el país nacional, en cambio, tal viraje –tan positivo como necesario de llevar hasta el fin- tuvo lugar gracias a las denuncias de las organizaciones de masas y de víctimas de la violencia, a los debates adelantados por los dirigentes del Polo –principalmente los de Gustavo Petro-, a las cruciales revelaciones de algunos diarios y publicaciones y a la muy saludable resistencia institucional de los sectores democráticos de las altas Cortes y de la Fiscalía. Detenidos antes otros tres congresistas de Sucre durante la misma crisis y sindicados de los aludidos nexos otros personajes  de la política y la administración de la Costa Atlántica que apoyan al presidente Uribe, acaba de revelarse que varios alcaldes de Casanare suscribieron un compromiso durante sus campañas electorales con grupos paramilitares de esa región. Dado que tales políticos y funcionarios pertenecen a las filas uribistas o integraron el gobierno de la Seguridad Democrática, no es de sorprender que el solo anuncio del senador Gustavo Petro sobre el debate del paramilitarismo en Antioquia bastara para desatar la ira presidencial y que se motejara de “terroristas de civil” a todo aquel que osare indicar en voz alta que las evidencias descubiertas en el proceso de reinserción de los paramilitares apuntan hacia el jefe del Estado.

En la actualidad, y no obstante los asesinatos contra voceros de las víctimas del despojo de tierras y dirigentes de la oposición, está entablado un pulso entre el presidente Uribe, dispuesto a impedir mediante la intimidación y la fuerza del Estado que se haga público el verdadero fondo de la crisis, y las fuerzas democráticas encabezadas por el Polo, resueltas a que aflore toda la verdad. Del avance y desenlace de dicha puja, librada alrededor de la cuestión más candente de la situación colombiana, los nexos del actual gobierno con el paramilitarismo, depende que se empeoren sustancialmente las condiciones para seguir librando la batalla contra el modelo neoliberal –en especial contra el recorte de las transferencias, el TLC y las privatizaciones- como por las transformaciones del país o, por el contrario, que mejoren de modo decisivo. La jornada del 9 de febrero en Bogotá, la primera respuesta de masas a las amenazas de Uribe, como la gran manifestación convocada por el Polo y la Gran Coalición Democrática para el 7 de marzo  marchan en la dirección correcta: la de volcar hacia las calles y plazas de Colombia el gran raudal de masas imprescindible para que pueda revelarse toda la verdad y socavarse la base social del gobierno. Tal el objetivo a lograr en los meses inmediatamente siguientes. Atender fintas diversionistas, como la propuesta de revocatoria del Congreso, permitiría que el gobierno ganara tiempo, desviaría la atención pública del blanco de ataque principal, el gobierno Uribe, hacia uno secundario, la bancada del uribismo, y de llegar a realizarse facilitaría el imperio de la tiranía uribista.  

Sólo cuando el movimiento de masas desborde los cauces habituales de la lucha política, las fuerzas democráticas pasen a la ofensiva y el gobierno sea arrinconado,  se pondrán al orden del día consignas que impliquen vuelcos definitivos de la vida nacional. Mientras tanto, la consigna guía del movimiento práctico de masas tiene que seguir siendo la gran presión del pueblo porque se haga pública toda la verdad. Para llevarla a cabo, el Polo requiere no sólo la alianza con el partido liberal y todas las demás fuerzas antiuribistas; se valen  incluso los acuerdos pertinentes con aquellos sectores del uribismo que se niegan a aceptar la unanimidad exigida por el régimen en torno al problema clave de la situación nacional: el paramilitarismo. Si conjuramos este, el mayor nubarrón sobre el horizonte nacional, los colombianos podremos acometer en mejor forma las magnas tareas del cambio del modelo económico y la democratización de la patria."

Prensa PTC.
Bogotá, febrero 20 de 2007