Los estragos del PND y la concesión escolar

Por: Miguel Ángel Pardo Romero
miguep2011@gmail.com

El reciente Plan Nacional de Desarrollo -PND-, implica una clara negación del derecho a la educación de la población, con carácter científico y democrático. Pero generalizar la concesión escolar, como propone el Ministerio de Educación Nacional –MEN-, significaría suprimir importantes conquistas logradas por la comunidad educativa a lo largo de la historia republicana. A continuación resumo, a manera de conclusiones, los estragos del PND1 y la gravedad que reviste la educación "pública" en manos de los particulares:


1. Se profundiza en la negación del derecho a la educación con alto nivel académico, limitando la escolaridad de la población a la educación básica, retrocediendo en la escolaridad de los niños de 5 años y, a través de la informalidad, se procede en contravía de la necesidad de escolarizar a los chicos de 3 y 4 años de edad. Se aplaza así, de manera indefinida el derecho a la universalización de la educación formal con tres grados de preescolar y media especializada, mientras que se mantiene la monstruosa perversidad de negarle a los niños, en los ocho años más importantes del desarrollo humano, los docentes en preescolar y primaria en áreas como educación física y artística, segunda lengua, tecnología e informática. Tampoco se fortalece la atención a los niños con necesidades educativas especiales (NNEE) ni mucho menos la orientación escolar. Es decir, en pleno siglo XXI, podemos pasar de 12 a 11 grados o, lo que es peor, de 9 a 8 grados de escolaridad frente a 14 o 16 en otras latitudes.

2. Las reformas constitucionales de 2001 y 2007, suprimieron indispensables recursos para garantizar el derecho a la educación, aún en la forma limitada que lo consignó la Constitución Política de 1991. El Plan Nacional de Desarrollo – PND-, no los aumenta sino que insiste en su “optimización”; lo que significa, una reedición de “hacer más con menos”, con las consecuencias ya conocidas: negación de un nivel generalizado de escolaridad de la población acorde con los tiempos, mayor deterioro de las condiciones laborales y los ambientes escolares. Tampoco permite la generalización del carácter gratuito de la educación y del bienestar escolar; por el contrario, por vía de otras reformas, los debilita en las regiones en las que ésta se ha alcanzado con base en las regalías.

3. El Estado no asume su responsabilidad en la atención y solución de los llamados factores asociados para elevar el nivel académico, la promoción y la convivencia escolar, algunos de ellos mencionados en los dos puntos anteriores, abandonando la escuela a su suerte pero se “reserva el derecho” a acudir malintencionadamente al instrumento de la evaluación externa para calificar la calidad de la educación y derribar la frágil autonomía escolar, interviniendo los colegios e imponiendo un “currículo básico”, que políticamente le permita generar el “Estado de Opinión”, necesario para declarar “inviable” la educación pública y el magisterio estatal.

En ese orden de ideas, como complemento al PND y de mayor gravedad, es la propuesta del MEN de generalizar la educación contratada, los convenios y, especialmente, la concesión escolar. Esta última, además de ser absurdamente costosa para el Estado que construye los edificios escolares, los entrega a los particulares, paga por su administración y una elevada cifra por alumno, su generalización implicaría la supresión de conquistas de la comunidad educativa, logradas en más de 200 años de República, al pasar el completo control de la educación “publica” a los particulares, empresarios o iglesias. Se retrocedería en condiciones vitales para avanzar en la existencia de una educación pública, científica y democrática, tales como en:

- La existencia de un sistema público estatal y laico.

- La libertad de cátedra y el ejercicio de los derechos civiles, difíciles de ejercer sino se sustentan en la estabilidad laboral, tal como lo consagró el Estatuto Docente en 1979.

- La dirección colegiada de las instituciones, aún en el marco de la frágil autonomía, gobierno y democracia escolares actuales.

- La existencia del Magisterio Estatal, que a lo largo de la historia republicana ha sido protagonista en proponer y luchar por políticas educativas progresistas.

La negación del debate académico, necesario para la apropiación y generación del conocimiento más avanzado, dejaría expósita a la Nación, en cuanto a que la determinación del rumbo académico y las reformas curriculares se subordinen a quienes “operan” las concesiones, es decir, a intereses privados y clericales, que no necesariamente están en sintonía con lo que requiere el desarrollo nacional y el bienestar de su población. La historia nacional está llena de ejemplos en esta materia. Para nada contaría la comunidad educativa, ni mucho menos los docentes quienes nos preparamos en las normales y universidades para el desarrollo académico, basado en la autonomía, el gobierno y la democracia de las instituciones educativas.

Todo lo anterior, sin mencionar las consecuencias en las condiciones laborales, especialmente, en la extensión de la jornada laboral sin aumento salarial y en la multiplicación de funciones para docentes y directivos docentes, situación que se presenta en las concesiones escolares que ya están funcionando. La importancia de los Pliegos de Peticiones de FECODE y ADE, radica en el hecho que defienden la existencia del sistema educativo público estatal y unas condiciones dignas para que la comunidad educativa pueda desarrollar su labor en el marco de una política educativa progresista. Como las generaciones que nos antecedieron en las conquistas obtenidas a lo largo de la bicentenaria historia nacional, seguramente la nuestra no será menor al reto.


Notas:

(1) El artículo se refiere a los niveles de educación preescolar, básica y media.

(2) Magister en Historia. Presidente de la Asociación Distrital de Educadores – ADE - y su representante ante el Comité Distrital de Capacitación Docente. El Educador Distrital, Bogotá, mayo – junio de 2011.

(3) Texto del PND, presentado como Informes de Conciliación al Proyecto de Ley 179 Cámara de Representantes – 218 Senado 2011. Gaceta del Congreso, Senado y Cámara, República de Colombia, Año XX- Nº 209 Bogotá, D. C., jueves, 28 de abril de 2011.