La debilidad del MEN frente al tema de financiación de la educación

Tomado de :https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/debilidad-del-men-en-financiacion-de-educacion-por-angel-perez/263369

 

La debilidad del MEN frente al tema de financiación de la educación

Al MEN le ha faltado liderazgo en el país para buscar y proponer soluciones de fondo a la financiación de la educación pública, de manera concertada, basada en el ideal que la educación es central al desarrollo de un país.

El Ministerio de Educación Nacional, MEN, y el país conocen que un problema central de la educación pública en Colombia es la falta de recursos para garantizar coberturas universales y calidad de la educación, con lo que además se lograría mayor equidad en la distribución de las oportunidades y de la riqueza de la sociedad, tal como ocurre en la mayoría de los países de la Ocde.

Sin embargo, la historia muestra que el tema educativo y su aporte al desarrollo de la sociedad, de la política, de la cultura y de la economía, no ha sido una prioridad de los gobiernos durante los últimos sesenta años.

Así mismo, el MEN debe reconocer que durante este período los estudios y decisiones sobre la financiación de la educación (ingresos, gasto y gestión eficiente), no surgieron de propuestas o estudios preparados por dicha entidad, con la participación de los actores relevantes del sector y la construcción de diferentes escenarios y alternativas; por el contrario, su rol ha sido muy pobre en este sentido.

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Durante los últimos treinta años del siglo pasado, la batuta de la financiación de la educación la dirigió el Departamento de Planeación Nacional, con una pausa que impusieron los constituyentes del 91, a través de los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional que ligó el crecimiento de los recursos para la educación básica y media a un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación; decisión que en el año 2001 el gobierno de Pastrana terminó al establecer una bolsa de recursos, la cual crecería anualmente al ritmo de la inflación más unos puntos adicionales (ley 715 de 2001).

Sin embargo, los constituyentes nunca se ocuparon de la financiación de la educación superior, de tal forma que el Gobierno y el Congreso se pusieron de acuerdo para expedir la Ley 30 de 1992, donde también se ató la financiación de las universidades públicas al crecimiento por inflación. Desde la expedición de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda se fortificó y en lo corrido del presente siglo es quien determina los recursos para la educación pública con parámetros fiscales o macroeconómicos y escasa participación del MEN.

Reconozco que un valor de la institucionalidad de este país es la seriedad con la cual se ha manejado la economía y la política fiscal, ese es un valor que tanto la izquierda, como el centro y la derecha política deben preservar.

No obstante, eso no quiere decir que no existan posibilidades de mejorar la progresividad para obtener ingresos del Estado o para hacer más eficiente y con mayor impacto las acciones de gasto en beneficio de los más pobres, o para hacer ajustes entre el gasto por sectores, sin olvidar el daño que ocasiona la corrupción. Se trata desde la política de definir prioridades: ¿qué queremos ser como sociedad? y ¿hacia dónde desarrollarnos? ¿con menos o con más conocimiento?

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Quizás debido a que ningún gobierno nacional se comprometió a fondo con el tema educativo, para el MEN el tema financiero pasa por preparar los escenarios de presupuesto cada año, atendiendo los incrementos por inflación y uno o dos puntos por encima, de acuerdo con las normas.

Para el MEN el tema de la financiación del sector, en esencia, se centró en: mejorar la gestión, desarrollar y mantener actualizados los sistemas de información, determinar los indicadores del sector y distribuir los recursos financieros a las entidades territoriales y a las universidades.

Al MEN le ha faltado liderazgo en el país para buscar y proponer soluciones de fondo a la financiación de la educación pública, de manera concertada, basada en el ideal que la educación es central al desarrollo de un país; por lo tanto, una solución estructural pasa por decidir que todos debemos poner en este propósito, atendiendo el precepto constitucional que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación (artículo 67).

El MEN debería ser el primero en demostrar que una sociedad donde no se alcanzan coberturas universales en educación básica, media y superior con bajos resultados en calidad no puede aceptar que los recursos para financiar la educación crezcan solamente al ritmo de la inflación, porque el sistema educativo puede aumentar en matrícula, pero empeorará su calidad, en el país existe evidencia de que aumentamos coberturas, pero la calidad de la educación no mejora.

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Con respecto al tema financiero de la educación, El MEN no puede seguir esperando que ocurran paros o movilizaciones estudiantiles para que al final el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo le resuelvan el problema, con paños de agua tibia.

Tampoco los sindicatos de docentes y los estudiantes universitarios pueden seguir actuando con la lógica de cada dos o tres años realizar paros y movilizaciones, perdemos todos, de manera especial los niños y la imagen de la educación pública, se requiere participar y negociar.  

El Gobierno nacional, a través del MEN, tiene la responsabilidad política y funcional de liderar un gran acuerdo nacional para resolver de manera estructural el tema financiero de la educación oficial, que garantice la financiación de canastas educativas de calidad por niveles educativos.

Los padres que no requieren de la educación pública para sus hijos, porque tienen los medios para pagar en una institución privada no pueden olvidar que, en algún momento de la vida, sus hijos se encontrarán con los niños que hoy asisten a los colegios públicos. Una educación pública de buena calidad nos conviene a todos.