-POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA: EL 21 DE NOVIEMBRE, TODOS A LA CALLE

POR LA VIDA, LA PAZ Y LA DEMOCRACIA: EL 21 DE NOVIEMBRE, TODOS A LA CALLE

El próximo 21 de noviembre marcharemos por las calles de Colombia para exigir que pare la violencia, los asesinatos de los líderes sociales y sindicales, que el gobierno del Presidente Duque respete y garantice el derecho a la vida y la integridad física de los colombianos, que gobierne para el país y no para las multinacionales, los empresarios y la oligarquía.    

Usted, señor Presidente Duque, su gobierno y su partido, se opusieron y siguen oponiéndose a la paz en Colombia, porque no les interesa, porque la guerra es un suculento negocio. No es gratuito que la respuesta que le viene dando a la masacre de los líderes sociales, cívicos, populares y de los desmovilizados de las Farc sea la realización de los mal llamados Consejos de Seguridad, la expresión de redoblar los esfuerzos y el envío de más tropas a las zonas, lo cual no trasciende más allá de ser una pantomima frente al derecho fundamental y sagrado de la vida; “el Estado reacciona a las masacres, pero no puede evitarlas” (Editorial de El Espectador, 31 de octubre de 2019).

La cacería de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se acrecienta ante la mirada cómplice de este gobierno. En el 2016 fueron asesinados 132 de ellos; en 2017, 208; 2018, 282 y 2019, 155 hasta el 8 de septiembre; esto ha venido ocurriendo en 29 de los 32 departamentos del país. El genocidio contra los indígenas ya trascendió lo terrorífico; 170 de ellos han sido asesinados entre 2016 y 2019, según la Comisión de la Verdad.

 

CONTRA EL PAQUETE DE MEDIDAS GUBERNAMENTALES

Indudablemente que el año 2020 va a estar plagado de muchas actividades de protesta ciudadana contra la arremetida contenida en los proyectos políticos, que el gobierno del Presidente Duque y su partido presentará al Congreso para aprobación e implementación.

 

En las últimas décadas, los trabajadores y el pueblo en general hemos tenido que resistir y enfrentar diversas reformas laborales que han sembrado la incertidumbre y la zozobra, provocando el rechazo, la protesta, la movilización y la lucha de las organizaciones sindicales y sociales.

 

A pesar de lo anterior, este gobierno obsecuente, pretende cumplir las orientaciones y mandatos de la OCDE y el FMI, en detrimento del querer y sentir de la sociedad y el pueblo colombiano.

 

Tanto el gobierno y su bancada parlamentaria como los gremios, vienen explicando y sustentando las reformas con mensajes melifluos como una necesidad de “protección al trabajador, en aras de formalizar al 47.5% de la población económicamente activa, pero lo hace de manera informal; de igual forma, para garantizar el derecho al descanso y a mayor tiempo para la familia, a la adaptación de los nuevos tiempos y a los nuevos oficios basados en las tecnologías”.

 

Lo que no dice el gobierno es que, desde hace cierto tiempo, los indicadores de los mercados laborales vienen presentando comportamientos y resultados que no concuerdan con el crecimiento económico. Si sumamos el fenómeno de la creciente informalidad, las innovaciones de las plataformas digitales que desconocen la relación laboral, la baja tasa de afiliación sindical y de convenciones colectivas, el abaratamiento del trabajo producto de la tercerización, la situación se torna compleja y bien peligrosa.

 

Entre los mal llamados proyectos renovadores y aliviadores de la situación de los trabajadores colombianos, están:

1.       La reducción de la jornada laboral a 45 horas semanales,

2.       El trabajo parcial para jóvenes y adultos mayores,

3.       La reforma pensional con el objeto de marchitar a Colpensiones y trasladar todo el sistema pensional como ahorro a los fondos privados,

4.       El proyecto defendido por los grandes empresarios y la Ministra del Trabajo, del salario por horas, como una modalidad que, a la vez, permitirá el pago proporcional de pensiones -los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)- y un seguro que dé acceso a la salud,

5.       La eliminación de las horas extras nocturnas y los dominicales compensados,

6.       La diferenciación entre salario mínimo urbano y rural,

7.       La norma que le da una mayor flexibilidad al destino de las cesantías,

8.       El salario mínimo diferencial por regiones y por sectores promocionado por el Banco de la República,

9.       El Holding Financiero que pretende eliminar el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales, que amenaza al FOMAG,

10.La privatización de Ecopetrol, ISA, CENIT, Electrificadoras Regionales y las empresas donde la participación accionaria del Estado sea inferior al 50%,

11.El proyecto para organizar la subasta del espectro radioeléctrico,

12.El incremento desmedido de las tarifas de energía a los estratos 4, 5 y 6 para seguir beneficiando a Electricaribe,

13.Y la restricción y criminalización del derecho a la protesta.

 

De igual forma, por el cumplimiento, desarrollo y materialización de los Acuerdos firmados entre el Gobierno y FECODE.

 

Todo este compendio de proyectos de reforma laboral del gobierno y la bancada del llamado Centro Democrático, busca de fondo, eliminar el salario mínimo.

 

En fin, lo que pretende este gobierno que sólo legisla en favor del capital financiero, los grandes conglomerados comerciales y las trasnacionales, cuando habla de la cuarta revolución industrial, los trabajos del futuro y las plataformas tecnológicas, es 'Rappizar' y 'Uberizarnos' a todos los trabajadores.

 

Por lo anterior, llamamos a todos los colombianos a unirnos, a movilizarnos, a protestar en las calles este 21 de noviembre, para expresar nuestro rechazo y desacuerdo de manera pacífica, creativa y dinámica contra las medidas que pretende imponer este gobierno.

POR EL DERECHO A LA VIDA, LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL PAQUETE DE MEDIDAS RETARDATARIAS

DEL GOBIERNO DUQUISTA: TODOS A LA CALLE EL 21 DE NOVIEMBRE.

 

COMITÉ EJECUTIVO

 

NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ        LUIS EDGARDO SALAZAR BOLAÑOS

Presidente                                               Secretario General