RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL TLC EN LA EDUCACIÓN

 
Barranquilla, 3 de agosto de 2005


La relación de la educación superior con la globalización e internacionalización de la economía y en particular con la suscripción del TLC Colombia Estados Unidos, puede analizarse desde las siguientes perspectivas:


1. De manera inevitable se da un cambio en la educación por la profundización de la globalización

 

La globalización no es un fenómeno de hoy sino un proceso de varios siglos. En general puede identificarse como un acoplamiento de la producción y de la demanda a un mercado cada vez más mundial. De la mano de ella a la educación ha correspondido abrir nuevos horizontes a través de la Investigación y el Desarrollo. Las nuevas tecnologías son un acontecimiento de vieja data, si bien con expresiones particulares en cada época.


Una de las características de la actual globalización que ha tomado inusitada fuerza en los últimos tiempos es identificar la ganancia como gran fiel de la balanza, no obstante que ese precepto es tan viejo como la misma globalización. El sacro principio de la relación positiva costo-beneficio ha llevado a que sobre sectores completos de la actividad humana pese esa especie de espada de Damocles según la cual lo que no deje ganancia no merece existir.

 

Bajo esta perspectiva la educación se está transformando en un commodity, para emplear la palabra en uso. Y como se verá a lo largo de esta ponencia, ello significa que dados los retornos a largo plazo de la educación (más cuando se trata de la pública) tiene serios obstáculos para seguir marchando como lo ha venido haciendo hasta ahora, máxime cuando se trata de fundaciones sin ánimo de lucro.


Cuánto se extraña hoy el cándido precepto del decreto ley 80 de 1980 que señalaba como función del ICFES "adoptar todas las medidas necesarias para que no se confunda el principio de la libertad de enseñanza con el de la libertad de empresa" . Es el espíritu de los tiempos.


El mercado mundial de la educación superior privada genera anualmente 30.000 millones de dólares (3 por ciento del comercio global en servicios de los países OCDE). Abarca 50 millones de docentes, mil millones de alumnos y centenares de miles de establecimientos de enseñanza. Actualmente estudian fuera de sus países alrededor de un millón 540 mil personas[1].


En Estados Unidos 547.000 escolares extranjeros pagan más de 11.000 millones de dólares; la educación es el quinto sector de servicios en importancia para las exportaciones del país y concentra casi la tercera parte del valor de éstas[2].


No en vano la educación superior ha pasado a ser objeto de estudio de la firma Merrill Lynch, especializada en inversiones bancarias. Las dos principales firmas dedicadas a comercializar la educación superior en Estados Unidos (Apollo y Sylvan Learning) cotizan en Wall Street y el Acuerdo General de Servicios Comerciales (GATS) la incluyó en una lista de servicios a ser privatizados.


Pero la educación no solo ha sido especie de víctima de los tiempos que corren sino que ha sido teorizante y hasta promotora del nuevo camino. Así como hubo movimientos contestatarios nacidos en las universidades como el Mayo francés en la Sorbona o el Movimiento Estudiantil de 1971 en la Nacional de Colombia, está la así llamada Escuela de Chicago, en buena medida responsable intelectual del actual estado de cosas planetario.

De manera que al lado de la lucha por incorporar a la educación a las cotizaciones de Wall Street está otra por la defensa de caros valores del mundo contemporáneo.


2. La negociación de servicios en la globalización


Bajo esta perspectiva se entiende que la educación superior sea objeto de las negociaciones al pie de, digamos, las confecciones o el maíz. En el GATS (que se negoció en la Ronda de Uruguay y entró en vigencia en 1995) se definieron cuatro maneras en las que se puede comercializar un servicio, conocidas como “formas de suministro”:

·         Suministro más allá de las fronteras

·         Consumo en el extranjero

·         Presencia Comercial

·         Presencia de Personas Naturales

El marco general contiene un conjunto de obligaciones generales (obligaciones incondicionales), que son aplicables a todo el comercio de servicios, sin importar si un país ha adquirido un compromiso específico con uno o varios sectores. El principio de la Nación Más Favorecida es fundamental en esta discusión, al igual que el Tratamiento Nacional.


Según la OMC, el acuerdo aplica a todas las medidas que afectan los servicios excepto "aquellos servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental”. ¿Qué significa eso? Los promotores del GATS sostienen que la educación suministrada y financiada por el gobierno queda por fuera del acuerdo. Sin embargo hay quienes cuestionan la amplia interpretación de la cláusula. El acuerdo estipula que "en el ejercicio de la autoridad gubernamental" significa que el servicio se presta de manera “no comercial” y “no en competencia” con otros proveedores.


Si se tiene en cuenta que de acuerdo con las interpretaciones sobre el servicio público hoy en boga la educación no reúne los requisitos, no podría aplicársele el principio de que la ofrezca "en el ejercicio de la autoridad gubernamental". En efecto, según este punto de vista el sector privado puede ofrecer educación y bajo ningún criterio se le puede excluir por un monopolio de Estado. En cambio si caben en esta nueva concepción asuntos como la seguridad nacional, la defensa de las fronteras o la administración de justicia.


Por lo demás, los hechos demuestran que las políticas gubernamentales cada día exigen más a sus sectores educativos que sean auto sostenibles, es decir, que actúen con criterio comercial, ello con el fin de que puedan competir con la educación ofrecida por particulares.


A la luz del GATS se podría asumir que el suministro de la educación pública es una barrera al comercio de servicios y que la presencia del Estado constituye una práctica monopólica. Bajo esta perspectiva, las reglas del sector educativo público tendrían que modificarse para no caer en competencia desleal con los proveedores privados.


Los países que han expresado su interés en forma de propuestas para eliminar barreras en los servicios educativos han sido, entre otros, Nueva Zelanda, Australia, y Japón, pero estos países subrayan la necesidad de que los gobiernos preserven su derecho de soberanía en la determinación de sus propias políticas educacionales.


La comercialización de los servicios educativos supone una industria que se aproxima a los mil millones de dólares, e incluye cuatro puntos específicos:

·         Captación de estudiantes internacionales

·         Establecimiento de campus universitarios en el extranjero

·         Prestación de servicios mediante franquicias

·         Aprendizaje a través de Internet.

A lo largo de todos los servicios se encuentran los proveedores de otra pujante industria, la del e-Learning.


Otro acuerdo de comercialización, completamente independiente del GATS, que también aborda el tema de la liberalización del comercio es el conocido como TRIPS (Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y que se hace extensivo a patentes, marcas registradas y derechos de autor. Como se deduce de esta lista, estos aspectos son vertebrales en la investigación, enseñanza y aprendizaje y por tanto lo que en el GATS se establezca tiene honda repercusión en la educación superior. En síntesis, la educación no podrá exigir ningún privilegio especial en razón de su finalidad a la hora de utilizar servicios regulados por el TRIPS.


3. Los TLC


Como es ampliamente conocido, los TLC que Estados Unidos ha establecido o está negociando con los países latinoamericanos bien pueden definirse, para muchos casos, incluidos los servicios, como GATS y TRIPS plus, en cuanto que incorporan aspectos que van más allá de lo que han establecido los acuerdos mundiales arriba reseñados. Un recuento casuístico nos muestra los siguientes puntos:


En el NAFTA se estableció la obligación de los tres países firmantes de eliminar los requisitos de nacionalidad y residencia permanente para la prestación de servicios profesionales, así como de negociar el reconocimiento de títulos, cédulas y certificados. A cambio de ello Estados Unidos se comprometió a aprobar anualmente un monto de solicitudes de ingreso temporal de profesionistas mexicanos. Uno de los espacios que han ido copando los prestadores de servicios educativos de Estados Unidos ha sido el de la evaluación y acreditación de instituciones.


Chile, como es sabido, fue el país pionero del proceso privatizador y hoy día las empresas transnacionales dominan casi todos los sectores importantes de servicios. Han penetrado incluso en la educación superior, presionando alzas en las matrículas. En efecto, entre 1996 y 2002, el costo de una carrera universitaria aumentó 41,7% (34,9% en las universidades públicas y 44,1% en las universidades privadas). Eso implica un incremento anual en un 6% real, prácticamente el doble de lo que sucedió en las de por sí costosas universidades de Estados Unidos, y muy por encima del alza del PIB per cápita y del costo de vida chilenos. La mensualidad promedio de las universidades chilenas supera la media de los países latinoamericanos. Este aumento de los precios ha generado también un alto nivel de deserción que va de 30% hasta 50% de los alumnos que se matriculan. Hoy una familia media destina un tercio de sus ingresos a la educación superior para financiar a un solo hijo y para el 2020 puede llegar a ser dos tercios[3].


Otra arista en relación con la educación superior pública tiene que ver con las compras del sector gubernamental. El TLC obligaría a las partes a realizar licitaciones internacionales para comprar cualquier bien o servicio destinado a las instituciones de educación pública. Equipos de computación, publicación de textos, alimentos para el programa de alimentación escolar, todo podría caer en manos de empresas norteamericanas.

Tangencialmente se debe mencionar que de manera implícita hay un golpe al software libre, de extendido uso en la educación, lo cual favorece el software de marca y en consecuencia encarece el servicio.


En el caso de Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional, las prioridades del equipo negociador del TLC son las siguientes: Aseguramiento de calidad; educación virtual y a distancia, homologación de estudios y convalidación de títulos, régimen de visas; y promoción de exportación de servicios educativos.


4. Efectos generales: ¿La Universidad, una maquila más?


El subtítulo presupone que un país no puede fincar sus esperanzas de desarrollo en la maquila. Pero además, un modelo económico que renuncia al mercado interno y al desarrollo impone un tipo de educación perverso. ¿Qué gerentes o ingenieros o médicos pueden necesitar y además pagar los artesanos de los zapatos del barrio Restrepo en Bogotá o las maquilas que arman pantalones en Don Matías, Antioquia?


Los primeros efectos del TLC en la educación pueden vislumbrarse a la luz de la historia reciente de Colombia, en el proceso de Apertura Económica adelantado por el presidente Gaviria a comienzos de los 90. Para el caso de las universidades, el ministro Hommes llegó hasta el colmo de plantear que aprovechando los líos de los países de Europa Oriental en esa época, traería de allí emigrantes adiestrados, con el fin de “ahorrarse dinero en la inversión de capital humano altamente capacitado". Que la afirmación no fue un lapsus linguae lo garantiza esta otra: "Así mismo (el Ministro de Hacienda) criticó la deficiente estructura del país para ofrecerle a los jóvenes posibilidades de realizar postgrados y doctorados. «Por eso, aseguró, es mejor preparar la gente fuera del país»”[4].


Para desentrañar nuevas aristas de los efectos de la globalización y el TLC ha de tomarse como punto de partida un hecho protuberante, la deficiencia de la oferta nacional en cantidad y calidad. Como es sabido, los índices de escolaridad de Colombia están entre los más bajos del continente. Aunque la educación privada ha crecido sostenidamente en los últimos quince años, la pública a duras penas ha mantenido las matrículas.


Pero de otra parte debe evaluarse la situación de uso de la capacidad instalada de las entidades privadas existentes. Una serie de factores de índole económico y de valoración de la utilidad de la educación superior hace que la solicitud de cupos en la educación superior no sea tan significativa. Desafortunadamente no conozco estadísticas suministradas por el sector privado que permitan cotejar datos como el de la Universidad Nacional que apenas pueden recibir alrededor del 10% de los demandantes. Aún así podría proponerse a manera de hipótesis que muy pocas universidades privadas, y solo en algunos programas, la demanda supera a la oferta.


De ser cierta la hipótesis propuesta podríamos llegar a una aterradora conclusión: el ingreso de nuevos oferentes extranjeros podría poner en juego el aseguramiento de la calidad y permitir que esos proveedores extranjeros monopolicen los mejores estudiantes y los programas más lucrativos.

Para ello hay que suponer dos campos de acción de los proveedores extranjeros: De una parte, con todas las limitaciones del caso, es posible que algunas instituciones de renombre mundial accedan a realizar convenios con universidades de élite colombianas[5]. Este escenario es el que me permite afirmar que estos oferentes monopolizarían los mejores estudiantes y los programas más lucrativos.


El segundo campo de acción de un eventual competidor extranjero sería en el de la educación privada de menor calidad, asociada, casi sobra decirlo, a los bajos costos de la matrícula. Así las cosas, llegarían a competir con precios y no con calidad.


De otra parte está la amenaza a la cultura nacional. El tema de las tradiciones colombianas. Como lo recuerda en su muy interesante estudio la doctora Jane Knight, la educación es un proceso a través del cual la cultura se asimila, pero puede convertirse en un vehículo fundamental para la aculturación y homogenización. Como ella misma indica, los defensores del acuerdo sostienen que habrá una hibridación y fusión cultural positiva gracias a la movilidad creciente y la influencia de las TIC. No obstante, tal optimismo se ha de contrastar con lo que está ocurriendo en torno a la cultura única que se está imponiendo en el planeta.


De otra parte, en el campo económico general se plantea como una de las opciones del TLC convertir a nuestras empresas en exportadoras. No es este el lugar para demostrar el exceso de optimismo que acompaña a esta invitación, pero dadas las limitaciones de nuestro aparato productivo pareciera que ello no es posible.


La misma invitación se hace a las universidades privadas, pero su opción de exportar servicios es casi nula. La ministra Cecilia María Vélez, dijo que el potencial de Colombia en el TLC estaría en ofrecer programas universitarios a hispanos residentes en EU. Pero salvo muy escasas excepciones, el sistema norteamericano no tiene déficit de cupos. Si bien hay una competencia enorme para obtener una plaza de estudios en una de las universidades de mayor prestigio o para la admisión en las mejores escuelas de medicina, administración y derecho, los estudiantes con buenas calificaciones pueden ingresar en su campo de interés en una institución diferente aunque esta no sea una de las mejor ranqueadas en el país.

En los pocos casos en los que la capacidad de admisión es limitada, como en medicina, los rechazados prefieren ir a estudiar al extranjero, generalmente en escuelas acreditadas en Estados Unidos. Ejemplos de esto son la escuela de medicina que se hizo famosa durante la invasión a Grenada o la establecida hace pocos años en Belice. Hasta ahora no hay un solo caso de una e escuela de medicina extranjera que se haya logrado establecer en Estados Unidos[6].


Hay otro problema sobre el cual vale la pena llamar la atención, ahora que se está hablando de la desnacionalización de nuestra industria a raíz de la venta de Coltabaco y Bavaria. Con la modalidad de ofrecer servicios educativos para un mercado globalizado se están poniendo en marcha dos dinámicas. De un lado, se preparan profesionales para el mercado mundial, es decir, sin importar los requerimientos del país, pero con la plata de los nacionales. No se trata de que por nuestro atraso requiramos de una educación de segunda categoría, sino exactamente de lo contrario, de que necesitamos una educación que ayude a resolver los problemas del desarrollo que nunca hemos abordado. Para seguir con medicina, Colombia necesita profesionales de primer orden para enfrentar las enfermedades tropicales, punto en el cual ninguna universidad de las zonas templadas del planeta está interesada.


La otra dinámica será acentuar la fuga de cerebros, pues ahora in situ los cazatalentos mundiales podrán escoger a lo mejor de nuestra intelectualidad para ofrecerle afuera condiciones salariales imposibles de encontrar en Colombia, pero su formación nuevamente fue a costa de nuestros magros recursos.


Lester Thurow se quejaba hace unos cuantos años de que en Estados Unidos está ocurriendo un hecho preocupante: Nadie quiere en el país asumir el costo de la educación dada la alta rotación y movilidad de los trabajadores. Pues bien, ahora parece que el asunto se resuelve a costa de la mano de obra calificada en el extranjero, desde Singapur pasando por India hasta llegar, eventualmente, a América del Sur. Así las cosas, las potencias se lucrarían durante el proceso formativo ofreciendo programas a quienes puedan pagarlos y después del proceso formativo, seleccionado el personal que requieren.


Sin entrar en consideraciones atinentes a otros sectores de la economía, razón le sobra a quienes insisten en la necesidad de no aceptar acuerdos en el campo educativo:


“Una de las iniciativas más interesantes es la "Declaración conjunta sobre Educación Superior y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios" desarrollado y firmado por cuatro organizaciones: la Asociación de Universidades y Colleges de Canadá (AUCC), el Consejo Norteamericano para la Educación (ACE), la Asociación de Universidades Europeas (EUA), y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CHEA). Esta declaración invita a los países a no adquirir compromisos en "Servicios de Educación Superior" ni en las categorías relacionadas de "Educación para Adultos" y "Otros Servicios Educativos" que figuran en el GATS. Por el contrario, apoya la idea de reducir los obstáculos al comercio internacional de la educación superior mediante convenciones y acuerdos por fuera de un régimen de política de comercio”[7].

 


[1] Fouilhoux, M. (2002), What GATS means for Higher Education. Education International Quarterly Magazine, Brussels, Belgium. Disponible en www.obhe.ac.uk.

[2] Altbach, P. G. (2003), Why the United States will not be a Market for Foreign Higher Education Products: A Case Against GATS. International Higher Education, No. 31, The Boston College Center for International Higher Education. Disponible en www.bc.edu.

[3] Alianza Social Continental, El ALCA al desnudo: críticas al texto borrador del Área de Libre Comercio de las Américas de noviembre de 2002, Enero 2003, pág. 42, www.asc-hsa.org.

[4] El Tiempo, 7 de octubre de 1992.

[5] Es bien ilustrativo de esta posibilidad el artículo de Cris Pristay, Las universidades de EE.UU. ahora se instalan en Asia, donde se muestran las reticencias de las universidades norteamericanas a hacer convenios para otorgar títulos en el extranjero. Wall Street Journal, 13 de Julio de 2005, El Tiempo, pág. 1-12.


[7] Jane Knight, Servicios de Educación Superior: Implicaciones del GATS, Observatory on borderless higher education, Instituto de Ontario para el Estudio de la Educación (Universidad de Toronto, Canadá), Marzo de 2002.


Por camila.