¡Lo que faltaba! - Amylkar Acosta

Aunque en Colombia ya nada nos sorprende, hay noticias que no dejan de llamar la atención por su connotación y por sus implicaciones. Resulta inaudito, por decir lo menos, constatar que en un país con tantas falencias en materia de cobertura y calidad de la atención en salud, el Ministerio de la Protección Social se de el lujo de tener más de $1.2 billones de la subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) congelados. No puede por ello pasar por desapercibido el fallo proferido por el Consejo de Estado de una Acción popular, que obliga al gobierno a descongelar dichos recursos, los cuales permanecen invertidos en CDT y en otros títulos valores, para que sean invertidos en el objeto de los mismos, que no es otro distinto que la atención en salud de los sectores más vulnerables de la población.

Resulta inexplicable y asombroso que, en un país con más de 7 millones de personas, de los más pobres entre los pobres, por fuera del SISBEN, un gobierno indolente ponga a rentar los recursos que están destinados precisamente para incorporarlos al mismo. Primero fue la Corte Constitucional la que forzó al gobierno a asignar los recursos necesarios para atender el drama de los desplazados, ahora es la Sección Tercera del Consejo de Estado la que se ve en la penosa obligación de ordenar al Ministerio de Hacienda para que libere tales recursos con el fin de atender el rezago del gasto público en salud, el cual viene afectando severamente la prestación de este servicio, sobre todo a los más necesitados. Fue muy enfático el Alto Tribunal al pedirle al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y al Ministerio del ramo la ejecución de dichos recursos en un plazo perentorio de un año, tendiente a ampliar y mejorar el Sistema de Salud que viene siendo tan cuestionado por su ineficiencia e ineficacia. No tiene ninguna presentación la disculpa del gobierno, al aseverar que el congelamiento de los recursos obedece a las “limitaciones presupuestales” que tiene el ejecutivo. Se refieren, desde luego, al maldito “espacio fiscal”, que se ha convertido en la excusa perfecta siempre que se trata del gasto social, porque los desembolsos para “compensar” y subsidiar a las grandes empresas por la revaluación del peso, por ejemplo, no tienen este inconveniente.

Y esto ocurre a pesar de que el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al momento de radicar el Proyecto de Ley con el Plan de desarrollo de este segundo cuatrienio de la administración Uribe anunció que “Es hora de cambiar de canal”[2], para referirse al énfasis en “el carácter social”[3] del mismo. Por fortuna hay guardián en el heredad; al Consejo de Estado no se le escapa la consideración de que los recursos de la seguridad social por tener destinación específica, como lo manda la Constitución, “no están sujetos a apropiación sino a estimación o registro en el presupuesto nacional[4]. Al no ejecutarse tales recursos, advierte el Consejo de Estado, “retarda sin causa justificada la materialización de los principios de solidaridad, progresividad y universalidad del Sistema de Seguridad Social en Salud”[5], lo cual ya de por sí es extremadamente grave. No puede, entonces, ampararse el Ministro de Protección Social en el subterfugio de que el congelamiento de tales recursos tiene por finalidad dizque “el pago de eventualidades que se puedan presentar, así como responder con los compromisos que existen en el Sistema”[6]. Por Dios, cuáles compromisos, si son los propios representantes de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), amén de la Red pública hospitalaria, quienes ven con alarma cómo su cartera con el FOSYGA supera los $20.000 millones por la morosidad en el pago de los servicios prestados por las mismas.

Lo más grave es que esta historia se repite con los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros. Ya a finales del año pasado el Contralor General de la República, Julio Cesar Turbay Quintero, se vio precisado a jalarle la oreja a las directivas del ICBF, por tener invertidos $820.000 millones de sus “excedentes” de tesorería en Títulos de Tesorería (TES). Esta situación, dijo entonces el Contralor General, “resulta inaceptable debido a las necesidades de atención y los riesgos que enfrentan los niños colombianos, además va en contra del Mandato constitucional de dar prevalencia a los derechos de la infancia”[7]. Frente a la tragedia de la mortandad de niños por inanición en el Chocó, cabe preguntarse si se justifica que la entidad llamada a amparar sus derechos, empezando por el mínimo vital, se dedique a administrar sus recursos a través de portafolios de inversión como cualquier entidad financiera. Tanta injusticia clama al cielo!

Bogotá, junio 27 de 2007

www.amylkaracosta.net


 
[1] Ex presidente del Congreso
[2] El Tiempo. Febrero, 11 de 2007
[3] El Tiempo. Mauricio Santa maría , subdirector del DNP. Febrero, 11 de 2007
[4] El Nuevo Siglo. Junio, 27 de 2007
[5] Idem
[6] Idem
[7] Contraloría General de la República. Octubre de 2006